Gasto para la comisión ejecutiva de la ley de víctimas, insuficiente: especialista

Aunque la Cámara de Diputados asignó de última hora recursos para uno solo de los organismos creados por la Ley General de Víctimas, no son suficientes para que cumpla sus tareas básicas, lo cual pone en riesgo el funcionamiento de todo el aparato de la legislación, advirtió Silvano Cantú, abogado especialista en derechos humanos.
“Gracias a la presión mediática, los diputados decidieron la noche del jueves dar un presupuesto a la comisión ejecutiva de la ley de víctimas. Es una buena noticia, pero también es muy lamentable que sólo sean alrededor de 482 millones de pesos, porque no son suficientes para atender las necesidades de otros organismos, como el fondo de medidas de reparación de daños”, indicó.
Además, subrayó, con ese fondo no se pueden cubrir las necesidades de la unidad de asesoría jurídica ni el registro nacional de víctimas.
“Se trata de un golpe frontal al acceso a la justicia. La elaboración del reglamento y los manuales de operación del fondo de reparación le tocará elaborarlo principalmente a la comisión ejecutiva, pero va a necesitar recursos para allegarse de la máxima experiencia posible”, explicó.
El resultado de todo este proceso, dijo, es que las víctimas deberán esperar a que pase la mitad o hasta tres cuartas partes del año entrante para que los organismos encargados de atenderlas puedan estar funcionando de manera adecuada.
El rezago en el tratamiento a las víctimas es tal, apuntó, que incluso los organismos ya constituidos actualmente para ese tema son insuficientes, como lo demuestra el hecho de que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) y otras unidades de las procuradurías locales no tienen un presupuesto mayor a 500 millones de pesos, 80 por ciento de los cuales se utilizan para sueldos y gasto corriente.
“Ya sabemos que Províctima es un organismo con serios vicios conceptuales de origen, con un modelo de atención asistencialista que no tiene los alcances jurídicos de la Ley General de Víctimas, con un enfoque transformador”, aseveró.
Ante la falta de expectativas para aumentar el escaso presupuesto otorgado a la mencionada norma, señaló, “tendremos que optimizar lo que tenemos, atendiendo a las personas, abriéndoles las puertas y reflejando esto en una mejora a sus condiciones de vida.
“Si el Estado le falla a las víctimas, debemos encontrar soluciones creativas, incluido allegarnos donativos nacionales e internacionales”.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 17 de noviembre.

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