Se impone el liderazgo republicano para frenar la reforma migratoria integral

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes ha logrado hasta ahora frenar una reforma migratoria integral este año –y tal vez para siempre– frustrando a la Casa Blanca y a una poderosa coalición nacional de organizaciones que han buscado “componer un descompuesto sistema de inmigración”, mientras crece un movimiento que exige el fin de las deportaciones sin precedente que ha orquestado Barack Obama, a quien llaman el “deportador en jefe”.
A pesar de que la mayoría de estadunidenses favorece una reforma integral, de que el Senado aprobó por amplio margen una propuesta y de que las principales organizaciones empresariales, laborales, religiosas, latinas y de derechos civiles han marchado por todo el país, han cabildeado y han realizado ayunos, vigilias, actos de desobediencia civil y más, la reforma se ha estancado ante la férrea oposición de un poderoso sector de legisladores republicanos.
Aunque desde junio el Senado aprobó una magna reforma migratoria integral que incluye tanto un proceso de legalización para parte de los aproximadamente 11 millones de indocumentados en el país, una vía a la ciudadanía, así como una masiva inversión en seguridad fronteriza que incluye una barda de más de mil kilómetros, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, ha rehusado promover una versión paralela.
A finales de la semana pasada, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, afirmó: “no tengo la menor intención de entrar jamás a negociaciones sobre el proyecto de ley del Senado”. De hecho, Boehner y sus colegas han reiterado que se oponen a cualquier reforma integral, y que sólo favorecen reformas parciales del sistema migratorio. Según líderes republicanos, contemplarán estas propuestas en algún momento antes de las elecciones legislativas nacionales de noviembre de 2014.
El calendario legislativo de este año sólo tiene programado 10 días más de trabajo y ya casi todos suponen –incluso los promotores– que con ello queda cerrada la puerta para lograr algo antes de fin de año, con lo que se alcanza el objetivo del liderazgo republicano.
Ante esto, las fuerzas pro reforma han redoblado esfuerzos en Washington y el resto del país con acciones para presionar al Congreso, sobre todo al liderazgo republicano en la cámara baja.
Hoy, integrantes del Ayuno por las Familias, incluidas cinco en huelga de hambre, entraron en su octavo día de ayuno en demanda de una reforma migratoria y, desde su carpa en los jardines del Capitolio, junto a decenas de aliados, se sumaron a delegaciones de Arizona y de religiosos de otras partes que han estado orando frente a las oficinas de líder de la cámara durante casi cuatro días.
Otros se han sumado al ayuno por uno o tres días en solidaridad, mientras se realizan acciones en decenas de ciudades para presiones a legisladores republicanos para que avance la reforma en la cámara.
Por su parte, legisladores pro-reforma continúan presionando a sus colegas. El representante demócrata Luis Gutiérrez comentó a reporteros a finales de la semana pasada que “nadie, ni Boehner, puede declarar muerta la reforma migratoria”, y agregó que se ha intentado hacer eso múltiples veces en el pasado, pero que “el movimiento de reforma migratoria es demasiado grande” para que eso ocurra.
Mientras tanto, la Casa Blanca, debilitada por el desastre político de su implementación de la reforma de salud, insiste en que la reforma permanece como prioridad. Obama repitió hoy que es “un optimista congénito”, al preguntarle sobre la reforma en un foro del Wall Street Journal.
Sin embargo, pareció rendirse ante la resistencia republicana a una reforma integral e indicó que podría aceptar una serie de reformas parciales. “Si quieren hacer cinco pedacitos, siempre y cuando los cinco se promuevan, no me importa cómo se vea, con tal de que cumpla con aquellos valores centrales de los cuales ya hablamos”, incluida la legalización y una vía hacia la ciudadanía de algunos de los 11 millones de indocumentados.
El estancamiento de la reforma tiene consecuencias políticas para Obama más allá de no poder cumplir con su promesa, ya que organizaciones de inmigrantes y sus aliados no sólo exigen una reforma a los republicanos, sino también intensifican su crítica y acciones contra la Casa Blanca, a cuyo ocupante llaman “deportador en jefe”, por deportar en promedio unos mil 100 inmigrantes por día.
Hoy, 15 activistas que bloquearon las oficinas de la agencia de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Atlanta fueron arrestados por agentes del Departamento de Seguridad Interna, mientras en Chicago 12 activistas se encadenaron a un autobús que estaba por transportar a miembros de la comunidad hacia la deportación, todos con pancartas y camisetas con el lema de “ni uno más” contra las políticas implementadas por Obama.
El mandatario está por deportar a más inmigrantes que cualquiera de sus antecesores en la Casa Blanca, aproximadamente 400 mil al año y un total de casi 2 millones durante su gestión. “El presidente no puede ser el campeón de la reforma y el deportador en jefe al mismo tiempo”, declararon Marisa Franco, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) y Adelina Nicholls, de la Alianza Latina de Georgia para los Derechos Humanos (GLAHR), en un comunicado.
Este tipo de acciones de desobediencia civil para pedir el fin de redadas y deportaciones se han realizado en varios puntos del país, incluida Nueva Orleáns la semana pasada contra las oficinas de ICE, donde hubo 22 arrestados, y anteriormente en Arizona, San Francisco, Chicago, Washington (para mayor información).
El presidente, herido políticamente tras el desastre en la implementación de su reforma de salud, ahora cuenta con menos capital político para promover otras iniciativas, incluida la reforma migratoria. Su índice de aprobación se ha desplomado 13 puntos este año (seis en el último mes) a 42 por ciento para igualar su peor momento, y 55 por ciento desaprueba, el índice más alto de su presidencia, según una encuesta de ABC News/Washington Post. En el sondeo nacional de Quinnipiac registra aprobación de 39 por ciento, con 54 por ciento de desaprobación.

David Brooks, La Jornada, 20 de noviembre.