Deliberada ambigüedad en la reforma energética, creen analistas internacionales

Las empresas estadunidenses no han ocultado su preferencia porque los contratos potenciales con Pemex sean concesiones –donde su inversión puede establecer que las reservas sean registradas como activos en sus cuentas contables– y aunque la reforma adoptada no incluyó esa opción, aparentemente están satisfechas con la interpretación predominante de que las “licencias” que la reforma otorgará a empresas privadas son, en los hechos, algo muy parecido a concesiones, pero con otro nombre.
Hasta el momento, hay confusión y ambigüedad sobre los detalles clave de la reforma en torno a las licencias o contratos que se contemplan. Algunos sugieren que, por el momento, esto es a propósito.
Por ello, el sector inversionista, sobre todo las grandes petroleras, están a la espera de ver los detalles, que se definirán en las leyes secundarias, y que establecerán el tipo de mecanismos para participar en el sector energético mexicano.
La versión oficial de México es que la reforma no otorga concesiones a empresas privadas, o sea que las reservas de crudo permanecerán como propiedad de la nación y no podrán ser consideradas como activos de ninguna empresa privada. Sin embargo, aunque aparentemente en Estados Unidos se ha aceptado que no habrán concesiones plenas para los inversionistas extranjeros, éstos están suponiendo que la reforma ofrece algo muy parecido, consideran analistas.
“Mientras que no va tan lejos como incluir concesiones en la lista de mecanismos que serían ofrecidos a empresas petroleras privadas para explotar el crudo mexicano, lo cual fue visto como el mejor escenario para empresas como BP y ExxonMobil, las licencias dibujadas en la propuesta son muy similares a concesiones”, reportó Reuters cuando se presentó la versión final del proyecto de ley pocos días antes de ser aprobado.
Por su parte, The Wall Street Journal, reportando cuando se presentó la versión final del proyecto de ley antes de ser aprobado, informó que la propuesta permitiría contratos para compartir utilidades donde empresas petroleras serían pagadas en efectivo, contratos donde se comparte la producción, en los que barriles de petróleo son divididos entre el gobierno y las empresas, y licencias “a través de las cuales las firmas toman control del petróleo a boca de pozo, pagando regalías e impuestos a México. Licencias imitan a concesiones, aunque las concesiones formalmente continuarán siendo prohibidas”.
El WSJ agrega que las reservas de petróleo y gas serán propiedad de México, pero “las firmas podrán registrarlas en sus cuentas contables como flujo de efectivo esperado, lo cual es crítico para que las empresas aseguren financiamiento de proyectos”.
Por su parte, The Washington Post reportó, el día que la reforma fue aprobada por el Senado, que el proyecto de ley “fue más lejos que lo que esperaban muchos analistas, y más allá de la propuesta original de Peña Nieto, al permitir una amplia latitud para asociaciones con firmas extranjeras.
“Estamos definitivamente entusiasmados sobre la propuesta final. Es más amistosa con los inversionistas de lo que se creía previamente y ofrece contratos que son lo suficientemente flexibles para ser atractivos a inversionistas nacionales e internacionales”, comentó al diario Gabriel Lozano, economista en jefe en México para JPMorgan Chase. El economista agregó que la insistencia en llamar licencias en lugar de concesiones es en gran parte simbólica y en la práctica habrá poca diferencia para las empresas extranjeras. Pronosticó que se emplearán métodos de contabilidad creativos para darle la vuelta a las restricciones mexicanas sobre registrar las reservas como activos.
George Baker, especialista en el sector energético mexicano, dijo a Reuters que el texto de la reforma “sufre de ambigüedad innecesaria” al no hacer explícito que el inversionista puede registrar el beneficio económico esperado tanto en “unidades de volumen como en unidades monetarias”.
Para algunos, todo es semántica, y en verdad las licencias consideradas en la reforma son casi lo mismo que una concesión, o como lo dijo un analista, es una versión “sintética” de una concesión.
Sin embargo, Duncan Wood, director del Programa sobre México del Woodrow Wilson Center, advirtió en un artículo en Forbes que “si una licencia es de hecho casi idéntica a una concesión, entonces deberíamos de esperar que habrá retos legales a los contratos, argumentando que son el equivalente a concesiones y, por tanto, explícitamente prohibidos. Esto crea un cierto grado de incertidumbre legal, algo que preocupará al sector privado”.
Pero según un informe de análisis legal del bufete Mayer Brown, organización global de que asesora a muchas de las empresas más grandes del mundo y a más de la mitad de los principales bancos del mundo, las empresas no tienen mucho de que preocuparse. Señala que la nueva ley mexicana afirma que la lista de los tipos de contratos especificados “no es exclusiva” y que el artículo constitucional enmendado declara que estos son “entre otros” disponibles al Estado para desarrollar los recursos energéticos de la nación. “Esencialmente, la nueva provisión establece que el Congreso no está limitado a optar entre licencias, contratos de participación de producción, participación de beneficios y de servicios, sino que tiene la flexibilidad de optar entre una amplia gama de maquetas contractuales”, algo que tendrá que definir la legislación secundaria.
Según la interpretación del bufete, la nueva ley no impone restricciones sobre el registro de reservas, ya que empresas pueden “reportar para propósitos de contabilidad y financieros, la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados” con el entendimiento de que el Estado es dueño de los hidrocarburos en el subsuelo. Indica que bajo prácticas internacionales, sujeto a reglas de la jurisdicción particular, las empresas internacionales pueden mostrar volúmenes de reservas en sus cuentas financieras públicas aun si no tienen derecho a ser propietarios de los hidrocarburos que están en el subsuelo.
Por todo esto, “el plan aprobado por el Congreso especifica que las empresas extranjeras obtendrán en gran medida lo que desean”, escribió el ex periodista especializado en asuntos energéticos y ahora asesor Robert Collier en la publicación Foreign Policy.

David Brooks, La Jornada, 21 de diciembre.