México armonizará sus leyes con tratados sobre derechos indígenas

El programa sectorial de la Secretaría de Gobernación para el periodo 2013-2018 señala como prioridad impulsar la “armonización de la legislación nacional con la declaración de Naciones Unidas sobres los derechos de los pueblos indígenas”.
La administración federal, que por conducto de esa dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre pasado dicho programa, refiere como parte sustantiva que el tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo también será armonizado con la legislación mexicana.
Esto significa que se promoverá la participación indígena –según la dependencia– en procesos de confección de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley que permitan la armonización del marco constitucional mexicano con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Lo anterior mediante protocolos de trabajo que garanticen el respeto pleno de los derechos constitucionales en favor de pueblos y comunidades indígenas.
El gobierno federal también se compromete a crear mecanismos que tengan en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas en las prácticas jurídicas. Eso implicaría la promoción de mesas de trabajo, talleres y reuniones para elaborar mecanismos de actuación en materia jurídica de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas.
Al ser consultado sobre el contenido del programa, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, expuso que al cumplirse dos décadas del levantamiento armado indígena en Chiapas, “el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está dispuesto a atender las demandas de los pueblos originarios, entre ellas las solicitudes de indígenas que se encuentran en procesos jurídicos, la difusión y capacitación de la población indígena, la legislación en la materia y promover un mayor conocimiento sobre la determinación y autonomía de las comunidades”.
Así, en coordinación con las instancias de procuración de justicia del país, se impulsará la relación entre las comunidades y pueblos indígenas con los demás mexicanos para que sean considerados por igual derechos y especificidades culturales.
De tal forma, la dependencia también promoverá el respeto y protección de los pueblos originarios. Para ello se realizarán actividades de difusión y capacitación de la población indígena con la finalidad de promover un mayor conocimiento sobre sus derechos, libre determinación y autonomía, así como la sensibilización de los servidores públicos en materia de sus derechos y la no discriminación.
Se realizarán foros y cumbres nacionales e internacionales sobre la temática de los pueblos indígenas, en los que participarán representantes de éstos, organizaciones sociales, académicos, políticos y sociedad en general.

Roberto Garduño, La Jornada, 22 de diciembre.