Familias rotas, el oscuro drama de madres deportadas cuyos hijos se quedan en EU

Todos los días madres mexicanas deportadas de Estados Unidos pelean por recuperar a sus hijos que quedaron del otro lado de la frontera. Para Washington, los menores nacidos en su territorio deben estar bajo su custodia hasta que las mujeres comprueben solvencia económica y estabilidad física y emocional.
Los pequeños son ciudadanos estadunidenses y ellas suelen estar clasificadas como “criminales”, por reincidir en el intento de entrar a la nación vecina.
La expulsión de indocumentados con 10, 15, 20 o más años de residencia en Estados Unidos sube a la par de la desintegración de familias y del endurecimiento de procesos legales en los que las paisanas tienen muy pocas posibilidades de ganar.
“Estas mujeres llegan a México en estado de shock”, alerta Mary Galván, trabajadora social del albergue Madre Assunta, donde reciben a repatriadas.
“Aquí hay un drama y se llama separación familiar; muchas de ellas no duermen, lloran todo el día, están desesperadas, angustiadas y pensando cómo le van a hacer para reunirse con sus hijos”, dijo. Desde hace tres años los casos aumentan, pero sólo unos cuantos se concluyen con éxito.
El Instituto Madre Assunta prepara un informe, dirigido al gobierno mexicano, para alertar que su contraparte estadunidense trasgrede el derecho de sus ciudadanos de crecer junto a su madre; de ahí la urgencia de alcanzar un acuerdo bilateral en esta materia, apunta Galván.
Sin embargo, no todas son auxiliadas por una institución como el albergue Madre Assunta; muchas, quizá la mayoría, se quedan en una especie de limbo, sin recursos económicos ni información para hacer frente a esta batalla con ambos gobiernos.
El abogado del albergue, Daniel Roberto Bribiesca, explicó que cuando el Estado queda a cargo de los menores es necesario iniciar un proceso de reunificación familiar, en el cual la mujer debe acreditar ante un tribunal que cuenta con los recursos, empleo, sesiones de terapia semanal sicológicas, de adicciones y familiares hasta por un año (ante el DIF de Baja California, en este caso, y con la mediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores); el espacio físico adecuado para llevar consigo al menor e incluso, si tiene antecedentes de adicción, debe practicarse exámenes físicos.

40 años de “castigo”
En una habitación del albergue algunas mujeres cuentan su historia, el dolor que significa estar separadas de sus hijos. Una de ellas no cesa de llorar; otra pide que no le tomen fotos. La más alta y robusta permanece inmutable al principio, mientras escucha a las demás, pero termina igual, sollozando, después de mencionar el tiempo que tiene sin ver a sus hijos.

Dos testimonios
Estela alcanzó la amnistía migratoria de 1989. En California nacieron tres de sus cuatro hijos. Hace poco regresó a su tierra para ver a su padre enfermo; sólo trajo a la niña chiquita. No esperaba tener problemas con los documentos porque bastaba renovar la visa, pensó; pero no fue así. Al ser rechazada actuó rápido, lo que significa juntar dinero para contratar los servicios de un pollero.
Entró por una garita de Texas, pero fue arrestada, por usar documentos que no eran suyos. Por ese motivo estuvo en la cárcel tres meses; cuando fue condenada confió en el apoyo del consulado, pero este nunca llegó.
“Son racistas con su propios paisanos. Lo único que te dicen es: ‘las mujeres salen por Ciudad Juárez y los hombres por Agua Prieta, porque hay muchos zetas y a los hombres los van a robar y a las mujeres las van a violar’.
“El consulado nunca está para nosotros. Nunca. Al intentar entrar otra vez me agarraron y duré tres años en la cárcel, perdí mis cosas; por eso regresé a Zacatecas; traté de conseguir trabajo, pero ya no me lo dan, por la edad.
“Hace un año regresé por el lado de Tijuana y me vuelven a detener…¡casi me vuelvo loca! Ahora por entrar con visa con mi nombre y todo (pero falsa). Cuando intenté pasar por Texas me castigaron 10 años (no puede pisar Estados Unidos en ese lapso), pero lo intenté por Tijuana: me castigaron por 40 años.
“Yo necesito muchísimos perdones para que me pudieran dar una visa. Por eso voy a volver a intentarlo. Me dicen que otro pollero me pasa por la línea, en coche. Me cobra 8 mil dólares.
–¿Se va a arriesgar de nuevo?
–Sí, estoy desesperada. No me interesa que me agarren, lo único que quiero es estar con mis hijos.
Clama por visa humanitaria
Carmen es de Acapulco, sus tres hijos nacieron en California y ahora están al cuidado de una hermana. Al mayor le salió una bolita en el labio que resultó ser carcinoma. En 2009 regresó al país a ver a su madre enferma; cuando la señora murió empezó el periplo; un pollero le dio una visa, pero no tuvo éxito: la acusaron de usurpación de identidad.
“Cuando a uno lo agarran lo tratan muy mal; me jalonearon, me golpearon. Les dije a los gringos que no estaba ahí por gusto, que en cuanto se curara mi hijo me salía de su país.”
La súplica no fue escuchada; para los jueces y fiscales, Carmen cometió un delito federal y pagó por ello.
“Ya en la cárcel me preguntaban quién era mi coyote, pero no lo sé; a mí me lo mandó mi hermana, fue al hotel, me maquillaron como a la de la visa y no supe más.
“Por eso me dijeron que si no quería hablar pagaría con cárcel. Me obligaron a declararme culpable para salir y que (mi destino) nada más quedara a criterio de Migración, pero una agente latina me gritaba que me iban a deportar.
“Le dije que era una pena que tratara así a su misma raza, porque ella era hija de padres mexicanos. Mira, le dije, ‘tienes el nopal en la frente’, qué pena que nos trates así.
“¡Se enfureció! ¡Eres una grosera!, gritoneaba. Le dije que si me deportaba, sin poder hablar con el juez, pues entonces saldría nomás por sus güevos.”
Carmen fue expulsada de Estados Unidos el 21 de mayo pasado. Luego, una abogada le gestiona un perdón para que pueda ir a ver a su hijo enfermo, así como a su hija de 12 años y el más pequeño de 8.
“Todas las veces que hablo por teléfono con ellos les digo que ando arreglando los papeles... les prometo que pronto vamos a estar juntos otra vez.”
Se desconoce la suerte que corrieron estas mujeres en su intento por ingresar a Estados Unidos, aunque ellas son sólo un ejemplo de los miles de casos de deportaciones abruptas y separaciones familiares que persisten hasta ahora.

Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de diciembre.