Visas humanitarias, derecho negado

Hace siete meses escaparon de sus captores y ahora viven en zozobra, sin la protección delEstado mexicano. Dos ciudadanos hondureños y un salvadoreño fueron secuestrados en mayo pasado por miembros del crimen organizado enGuanajuato. Los mantuvieron en una casa de seguridad bajo tortura para obligarlos a dar sus datos personales y pedir rescate a sus familias. Por un descuido de los delincuentes, los tres pudieron huir y pedir ayuda.

La policía estatal intervino y logró rescatar a más migrantes. Pero los tres extranjeros que denunciaron estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) fueron trasladados a la estación migratoria de Iztapalapa, en el Distrito Federal, donde permanecieron con riesgo de ser deportados y conviviendo, incluso, con sus captores, pues éstos se hicieron pasar como víctimas.

La organización civil Sin Fronteras, quien documentó este caso y omite sus nombres para protegerlos, logró que en agosto los tres fueran liberados de la estación migratoria, pero el gobierno mexicano les negó su solicitud de refugio pese a que argumentaron que su vida corría peligro dado que los secuestradores tenían sus datos personales.

El artículo 52 de la Ley de Migración da al gobierno mexicano la facultad de otorgar visas humanitarias a los migrantes que han sido víctimas o testigos de un delito grave, a fin de que puedan dar seguimiento a sus procesos ministeriales y obtener justicia —que los responsables sean castigados y que se les repare el daño ocasionado—, pero defensores de los derechos de esta población han denunciado que su expedición se ha restringido en el último año, pese a que la violencia que enfrentan los extranjeros al cruzar nuestro país tiende a crecer.

“En este último año ha habido varios hallazgos de fosas clandestinas donde seguramente hay centroamericanos y quienes atendemos albergues recibimos cada vez más denuncias de desaparición de migrantes”, dice Fray Tomás González, director del refugio La 72 de Tenosique,Tabasco.

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), de septiembre de 2010 a septiembre de 2012 se otorgaron 436 visas humanitarias.

EL UNIVERSAL hizo una solicitud de información pública al INM para conocer el número de visas que se han entregado en lo que va de la actual administración y respondió que de noviembre de 2012 a julio de 2013 expidió tan sólo 64 visas humanitarias en los estados de Baja California,Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas; mientras que, en la delegación central, autorizó seis y negó siete, de enero a septiembre del año en curso.

Este documento se entregó, en su mayoría, a solicitantes de refugio, pero también a ciudadanos deHonduras, El Salvador y Guatemala, por los delitos de robo, secuestro, extorsión y trata de personas.

“En general, se están emitiendo menos documentos migratorios, las visas humanitarias se están restringiendo, hay cada vez más migrantes detenidos en las estaciones migratorias y la violencia y los delitos cometidos contra los migrantes están aumentando, así que si hiciéramos un balance de este gobierno veremos que es negativo”, manifestó Lorena Cano, abogada de la organización civil Sin Fronteras, quien considera que es mínimo el porcentaje de visas de este tipo que se están autorizando en comparación con los delitos que se denuncian.

En su más reciente informe sobre secuestros de migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en sólo seis meses —de abril de 2010 a septiembre del mismo año— la privación ilegal de la libertad que sufrieron 11 mil 333 migrantes en su paso por nuestro país, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

“La visa humanitaria es la única posibilidad de los migrantes para acceder a la justicia en caso de sufrir algún delito. Es una medida indispensable, pero tenemos un sistema de justicia deficiente y el grado de impunidad es enorme. Si para quienes somos ciudadanos de este país es un serio problema, para los migrantes lo es más”, considera María Dolores París Pombo, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.

La pesadilla

Priscila Cartagena busca a su hija desaparecida, una joven hondureña que salió de su casa el 19 de diciembre de 2008 persiguiendo un proyecto de vida en Estados Unidos “que no se le hizo realidad”. Su mamá presume que fue en México donde su hija se quedó. “Sabemos que a muchas mujeres las usan para el crimen organizado”, dice.

Exige al presidente Enrique Peña Nieto que el gobierno federal colabore en la búsqueda de su hija y de “otros miles de migrantes que queremos encontrar vivos”.

Priscila llora la ausencia de su hija, Yesenia Marleni Gaitán Cartagena, y teme a las noticias. “Cada día se habla de más muertos y muertos y uno no sabe qué hacen con tanto desaparecido... es una pesadilla... una se consume”.

La misma pena tiene Rosa María Gutiérrez, de Nicaragua. Su hijo, Nelson Javier Gutiérrez, de 31 años, desapareció el 10 de junio de 2008. Cuando llegó a México, él la llamó en dos ocasiones, una llamada la realizó desde Veracruz y la última desde San Luis Potosí, donde le aseguró que llegaría a la frontera “y ya no supe nada más”.

“Cuando veo a los migrantes les aconsejo que se regresen porque aquí se ha derramado mucha sangre, han hallado fosas. Yo le digo al Presidente que haga algo”, señala.

Priscila y Rosa María forman parte del Movimiento Migrante Centroamericano y cada año se suman a la caravana de madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

“Ellas, por ley, tienen derecho a una visa humanitaria, y no la tienen”, dice Fray Tomás González.

Del dicho al papel

Antes de noviembre de 2012, las visas humanitarias se daban a través de circulares que emitía el INM “y su otorgamiento quedaba a discreción de la autoridad migratoria porque no se especificaban los motivos y sólo se establecía el interés público y eso quedaba a la interpretación de la autoridad”, explica la abogada Lorena Cano.

Desde hace un año y para evitar que el trámite quedara a expensas de la decisión de una persona, la expedición de estas visas humanitarias quedó especificada en la Ley de Migración y se precisa que uno de los motivos por los que se puede entregar el documento es que el solicitante sea víctima o testigo de un delito grave.

El artículo 182 del reglamento de dicha ley establece que “una vez que se les haya identificado como víctimas y manifiesten su voluntad de permanecer en el territorio nacional para formular denuncia y dar seguimiento al proceso penal, con independencia del pronunciamiento que en su caso emitan las autoridades ministeriales o judiciales competentes, el Instituto emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se reconozca su calidad de víctima. Hecho el reconocimiento anterior y una vez que la persona extranjera haya formulado la denuncia ante la autoridad competente, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo a través del cual otorgará a la persona extranjera un plazo para que inicie los trámites de regularización de su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley y con ello se garantice su acceso a la justicia”.

La visa tiene una vigencia de 180 días y se puede renovar si continúa el proceso judicial. “Pero la renovación es casi imposible puesto que Migración pide que comprueben que el proceso sigue vigente y ni la PGR ni las procuradurías de justicia estatales emiten constancias actualizadas”, explica Lorena Cano.

Asegura que, incluso, el trámite tarda uno, tres y hasta varios meses más, lo que provoca que los migrantes desistan de él.

“Si hacen un análisis minucioso y si ya está contemplado en la ley, ¿qué falta para que entreguen esas visas? No entiendo”, insiste la abogada.

Fray Tomás González añade que las autoridades migratorias fungen como Ministerios Públicos, pues son quienes determinan la gravedad de un delito que se comete contra una persona que ingresa al país de manera indocumentada.

“Yo que he dado acompañamiento a las denuncias, he visto en Tabasco que se ha complicado tener una visa y en su lugar les dan oficios de salida para que abandonen el país en 20 días”, asegura el defensor de los derechos humanos de los migrantes.

María Dolores París Pombo, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y quien ha entrevistado a migrantes centroamericanos, explica que a lo largo de su trayecto los migrantes se dan cuenta del grado de corrupción y de colusión de las autoridades con los delincuentes, lo que provoca que difícilmente se atrevan a denunciar. “Mientras no se resuelva este nivel de colusión y se reforme el sistema de justicia tan deficiente que tenemos, los migrantes no van a poder acceder a la justicia”, señala la experta.

Este diario solicitó una entrevista al INM para conocer su postura al respecto, pero se limitó a enviar una tarjeta informativa en la que asegura que las visas no se entregan de manera discrecional.

Liliana Alcántara, El Universal, 22 de diciembre.