Tres muertos más, que elevan la lista de víctimas fatales a 28 desde que hace un mes se desataron las protestas, llevaron ayer al gobierno venezolano a aumentar la presión sobre los estudiantes y la oposición, con la orden del presidente Nicolás Maduro de detener y castigar a los presuntos organizadores de las últimas protestas en Valencia y en varios municipios de los alrededores de Caracas.
Maduro anunció la detención de seis personas en allanamientos realizados en Valencia y afirmó que fueron incautadas armas y explosivos plásticos. “Hemos procedido a allanar los lugares (en Valencia) donde estaban escondidos estos bandidos y tenemos seis presos”, dijo el presidente en una intervención telefónica que difundió la televisora estatal.
Los arrestos se produjeron luego de que, en la madrugada del jueves, en una reunión extraordinaria de seguridad con su gabinete, Maduro ordenara que la fuerza pública actúe “en las zonas de focos violentos”.
Al mediodía, el mandatario exigió a los alcaldes de Baruta y de El Hatillo, los opositores Gerardo Blyde y David Smolansky, que acaten la orden impartida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de levantar las barricadas de los opositores y evitar “apoyar las protestas”.
El mandatario acusó a la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) de ser “cómplice de la violencia” y por ello se niega a dialogar con el gobierno.
En Estados Unidos, mientras tanto, el Congreso recibió dos proyectos de ley bipartidistas en ambas cámaras con un mismo objetivo: imponer sanciones contra aquellos miembros del gobierno de Maduro involucrados en los episodios de violencia que desde hace un mes sacuden las calles de Venezuela.
El secretario de Estado, John Kerry, acusó a Maduro de perpetrar una “campaña de terror” contra su propio pueblo y lo emplazó a respetar los derechos humanos de los venezolanos. (Con información de agencias)
José Vales corresponsal, El Universal, 14 de marzo.
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