La propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones da certidumbre en cuanto a la política regulatoria y la política pública, comentó Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Policy and Law.
“En política regulatoria sin duda la autonomía constitucional del órgano, del IFT, es fundamental, pero cuando existan temas de política pública sin duda debe existir coordinación entre el gobierno federal y el órgano autónomo”, indicó Negrete.
De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá solicitar al presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la Ley, destaca el proyecto de Ley Secundaria del que EL UNIVERSAL tiene copia. El analista explicó que a nivel internacional los órganos reguladores tienen una comunicación clara con el gobierno para determinar la política pública.
“Porque quien conoce las necesidades sociales, educativas, científicas y las oportunidades de banda ancha como servicio, es el gobierno federal, pero sin duda hay temas que dependen solo del regulador, como determinar los agentes económicos preponderantes”, detalló el directivo de MediaTelecom.
En tanto el Centro de Investigación para el Desarrollo, expresó que urgen la Ley Secundaria pues “el IFT ha emitido resoluciones en ausencia de reglas claras. Las consecuencias pueden devenir en escenarios complicados”.
Además, subrayó que la legislación secundaria es indispensables para enviar señales positivas, incluso a mercados como el energético.
Se espera que la próxima semana el Ejecutivo envíe la propuesta de Ley Secundaria al Legislativo para su debate y publicación.
Carla Martínez, El Universal, 15 de marzo.
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