Critican empresarios ley secundaria de telecom

Empresarios y especialistas criticaron ayer la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo federal, y pidieron hacerle varios cambios

Durante un foro de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, organizado por las comisiones senatoriales que estudian la iniciativa del Ejecutivo federal en la materia, José Antonio García Herrera de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable expresó que entre las preocupaciones está la sobrerregulación de contenidos y señaló que en la iniciativa se llega al grado de controlar la moral en las transmisiones.

Por su parte, Gabriel Székely, de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, expresó que la obligación de bloquear las señales que salen de celulares desde los reclusorios no debe ser de las empresas, ya que eso corresponde a los tres niveles de gobierno, pero sí corresponde a las empresas asegurarse de que los bloqueadores de señales funcionen.

Refirió que las autoridades han reconocido que falta control en los centros penitenciarios para evitar que los reos utilicen celulares para delitos como la extorsión.

Víctor Gutiérrez Martínez, de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica en Telecomunicaciones e Informática (Canieti), comentó que en materia de seguridad, se debe delimitar con precisión quiénes serán los actores que pudieran tener información sensible, y que el intercambio de ese tipo de información entre la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales sea clara, sobre todo en caso de delitos graves.

Remarcó que los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales y mensajes no solicitados.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dijo que es indispensable que el proceso de transición de la radio de Amplitud Modulada o AM a la de Frecuencia Modulada o FM se lleve a cabo respecto de la totalidad de las estaciones que operan actualmente, ya que sólo así se podrá dar paso a la digitalización de las redes radiodifundidas.

Dijo que deben establecerse en la ley secundaria los mecanismos y procedimientos que garanticen la observancia cabal de la restricción para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones; de lo contrario, el mercado se distorsionaría y contaminaría ante una inequidad inherente al hecho de que los nuevos concesionarios no están sujetos a las reglas de la licitación pública para obtener sus títulos de concesión.

A decir del analista Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que la iniciativa del presidente de la República tiene retrocesos.

Refirió que se pretende la restauración del presidencialismo autoritario en el manejo de los medios de comunicación; el gobierno se adjudica la supervisión de contenidos en la radio y la televisión.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 3 de abril.