Entre acusaciones al presidente de la Comisión de Comunicaciones, el panista Javier Lozano, de incumplir el procedimiento legislativo y violar el reglamento del Senado, las comisiones dictaminadoras iniciaron anoche los trabajos para la elaboración de un proyecto de dictamen que deberá quedar listo este jueves.
Senadores del PAN, PRD y PT acusaron a Lozano de imponer un predictamen que no había sido avalado por los demás integrantes de las comisiones unidas de trabajo.
Y aunque en reunión matutina exigieron a Lozano reponer el procedimiento, y éste prometió hacerlo, por la noche, tras una reunión a puerta cerrada, Lozano confirmó que se trabajará sobre su predictamen, al cual –según dijo—ayer mismo se le hicieron cambios.
En conferencia de prensa, indicó que los senadores integrantes de las comisiones tendrán 24 horas para hacer observaciones al documento, el cual, después de esas 24 horas, adquirirá el carácter oficial de proyecto de dictamen.
“A partir de mañana dentro de 24 horas se convierte en proyecto oficial y dentro de 48 horas hay reunión de comisiones para ver ese proyecto oficial y lo que presenta el PRD se considera como aportaciones, se considera como comentarios”, dijo Lozano, en referencia a un predictamen que también el PRD presentó ayer mismo.
A decir de la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, al presentar Lozano su anteproyecto, se procedió de manera correcta.
“Estoy absolutamente convencida de que estamos acatando el acuerdo que establecimos las Comisiones Unidas, tres Comisiones Unidas. Estamos en el punto en el que debemos de conocer, y eso es lo que se está presentando, un predictamen para el análisis y la discusión. Estamos en el momento de iniciar la discusión de si este predictamen es aceptado o no por quienes integramos las Comisiones y estamos iniciando la tarea legislativa”.
Sin embargo, senadores perredistas y el panista Javier Corral cuestionaron el proceder de Lozano.
El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, pidió a los presentes tener “dignidad parlamentaria” y enfatizó que cuando hay vicios en los procesos legislativos, estos se deben reponer.
Destacó que, entre los senadores involucrados se debe construir un solo documento de trabajo, que incluya todas las iniciativas presentadas.
Reponer el procedimiento, dijo Barbosa, no es un acto dilatorio, como sí lo fue no instalar las mesas de negociación previamente, sino de lo que se trata es de proceder de manera correcta.
En tanto, el panista Javier Corral reprochó a su correligionario que ni siquiera haya dado a conocer el texto entre los panistas, y advirtió que en caso de que se apruebe un dictamen que no satisfaga a los senadores, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad.
“No se quiere generar ni siquiera un acercamiento entre miembros de un mismo partido, porque ni siquiera al interior del grupo parlamentario del PAN se ha dado el espacio para venir a conocer el punto de vista que va a presentar el Presidente de la Comisión de Comunicaciones (Lozano), que es miembro de nuestro partido. ¿Qué se quiere forzar? Se está forzando una imposición”.
Y pidió: “Corrijan el desdén, corrijan la actitud política, corrijan el estilo de conducir los trabajos de estas Comisiones. Si corrigen eso, encontrarán, como siempre han encontrado en nosotros, capacidad para argumentar y para reconocer dónde tenemos o no razón”.
Ante los reproches y acusaciones, la mayoría de los perredistas, Lozano sólo atinaba a esbozar una sonrisa burlona.
A decir de la senadora perredista Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, televisión y Cinematografía, expresó que no hubo una sola convocatoria, ni en Comisiones Unidas, ni en Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para discutir o analizar ningún documento referente a las Iniciativas de Telecomunicaciones.
“En esta reunión (nocturna) se supone buscaría reponer el procedimiento que se denunció y que se reconoció en la mañana que no estaba en apego al reglamento del Senado. Pero no se repone el procedimiento, se vuelve de nueva cuenta a presentar un proyecto de dictamen, que es el documento de un solo senador, Javier Lozano, y a este documento no se le somete a ningún nuevo procedimiento, por lo tanto no hay reposición de procedimiento”.
No se consideró el documento que el RD entregó, en igualdad de circunstancias que Lozano, para la elaboración del proyecto del dictamen.
Senadores del PAN, PRD y PT acusaron a Lozano de imponer un predictamen que no había sido avalado por los demás integrantes de las comisiones unidas de trabajo.
Y aunque en reunión matutina exigieron a Lozano reponer el procedimiento, y éste prometió hacerlo, por la noche, tras una reunión a puerta cerrada, Lozano confirmó que se trabajará sobre su predictamen, al cual –según dijo—ayer mismo se le hicieron cambios.
En conferencia de prensa, indicó que los senadores integrantes de las comisiones tendrán 24 horas para hacer observaciones al documento, el cual, después de esas 24 horas, adquirirá el carácter oficial de proyecto de dictamen.
“A partir de mañana dentro de 24 horas se convierte en proyecto oficial y dentro de 48 horas hay reunión de comisiones para ver ese proyecto oficial y lo que presenta el PRD se considera como aportaciones, se considera como comentarios”, dijo Lozano, en referencia a un predictamen que también el PRD presentó ayer mismo.
A decir de la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, al presentar Lozano su anteproyecto, se procedió de manera correcta.
“Estoy absolutamente convencida de que estamos acatando el acuerdo que establecimos las Comisiones Unidas, tres Comisiones Unidas. Estamos en el punto en el que debemos de conocer, y eso es lo que se está presentando, un predictamen para el análisis y la discusión. Estamos en el momento de iniciar la discusión de si este predictamen es aceptado o no por quienes integramos las Comisiones y estamos iniciando la tarea legislativa”.
Sin embargo, senadores perredistas y el panista Javier Corral cuestionaron el proceder de Lozano.
El coordinador de la bancada perredista, Miguel Barbosa, pidió a los presentes tener “dignidad parlamentaria” y enfatizó que cuando hay vicios en los procesos legislativos, estos se deben reponer.
Destacó que, entre los senadores involucrados se debe construir un solo documento de trabajo, que incluya todas las iniciativas presentadas.
Reponer el procedimiento, dijo Barbosa, no es un acto dilatorio, como sí lo fue no instalar las mesas de negociación previamente, sino de lo que se trata es de proceder de manera correcta.
En tanto, el panista Javier Corral reprochó a su correligionario que ni siquiera haya dado a conocer el texto entre los panistas, y advirtió que en caso de que se apruebe un dictamen que no satisfaga a los senadores, se podría presentar una acción de inconstitucionalidad.
“No se quiere generar ni siquiera un acercamiento entre miembros de un mismo partido, porque ni siquiera al interior del grupo parlamentario del PAN se ha dado el espacio para venir a conocer el punto de vista que va a presentar el Presidente de la Comisión de Comunicaciones (Lozano), que es miembro de nuestro partido. ¿Qué se quiere forzar? Se está forzando una imposición”.
Y pidió: “Corrijan el desdén, corrijan la actitud política, corrijan el estilo de conducir los trabajos de estas Comisiones. Si corrigen eso, encontrarán, como siempre han encontrado en nosotros, capacidad para argumentar y para reconocer dónde tenemos o no razón”.
Ante los reproches y acusaciones, la mayoría de los perredistas, Lozano sólo atinaba a esbozar una sonrisa burlona.
A decir de la senadora perredista Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, televisión y Cinematografía, expresó que no hubo una sola convocatoria, ni en Comisiones Unidas, ni en Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para discutir o analizar ningún documento referente a las Iniciativas de Telecomunicaciones.
“En esta reunión (nocturna) se supone buscaría reponer el procedimiento que se denunció y que se reconoció en la mañana que no estaba en apego al reglamento del Senado. Pero no se repone el procedimiento, se vuelve de nueva cuenta a presentar un proyecto de dictamen, que es el documento de un solo senador, Javier Lozano, y a este documento no se le somete a ningún nuevo procedimiento, por lo tanto no hay reposición de procedimiento”.
No se consideró el documento que el RD entregó, en igualdad de circunstancias que Lozano, para la elaboración del proyecto del dictamen.
Multas serían cobradas por el SAT
La propuesta de Lozano quita facultades al Ifetel
La propuesta de ley secundaria elaborada por el senador Javier Lozano Alarcón señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) no podrá exigir el pago inmediato ni cobrar directamente las multas que impondrá a las empresas que violen la ley, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) será el encargado de ejecutar estas multas.
De acuerdo con el proyecto que presentó ayer por la noche el legislador, las multas que imponga el instituto no podrán cobrarse hasta que sus resoluciones queden firmes tanto en el ámbito administrativo como en el Judicial, es decir, en el momento en que el instituto gane los amparos que las empresas interpongan contra sus resoluciones. Además, el Ifetel no será el encargado de cobrar directamente estas sanciones: “Dichas multas serán ejecutadas por el SAT, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano”, detalla la iniciativa del senador panista.
La iniciativa también plantea la división de facultades entre el instituto y la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular los contenidos, pues la dependencia se encargará de sancionar a las empresas que incumplan con lo que señala la ley en materia de tiempos del Estado, transmisión de boletines oficiales, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de estos tiempos oficiales en los canales de televisión y audio restringidos.
A su vez, el Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de comerciales y las obligaciones en materia de defensa de las audiencias.
Por otro lado, el documento indica que las empresas preponderantes en telecomunicaciones no deberán cobrar por el tráfico que termine en su red. Además, al momento en que el Ifetel determine que dichas empresas ya no son preponderantes, el instituto deberá determinar si estas compañías tienen poder sustancial en los mercado relevantes de terminación de llamadas y de mensajes cortos, a fin de decidir si estos operadores continuarán obligados a cumplir con una regulación asimétrica.
La preponderancia se aplica a aquellas empresas que cuentan con una participación de 50 por ciento en el mercado nacional, medido por el número de usuarios y otros elementos, mientras que el poder sustancial se refiere a aquellas compañías que son dominantes en algún mercado específico en donde su carácter de dominantes les brinda incentivos para usar su poder de mercado e incurrir en prácticas desleales.
En caso de aprobarse la iniciativa de Lozano, Teléfonos de México (Telmex) y Telcel tendrían que afrontar más obligaciones asimétricas, aun cuando ya no sean empresas preponderantes. En este sentido Lozano plantea que Ifetel podrá imponer al agente económico con poder sustancial en el mercado de terminación de llamadas y mensajes cortos, obligaciones como abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, tarifas mayores a las que ofrece a cualquier usuario final.
Finalmente, el documento abre a puerta para que el Ifetel imponga obligaciones a Televisa en el mercado de televisión de paga, mediante la declaratoria de poder sustancial, aunque la televisora no haya sido definida como preponderante en este servicio: “Sin perjuicio de la declaratoria de agentes económicos preponderantes en los sectores de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, el Instituto podrá declarar agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de dichos sectores”, añade el documento.
De acuerdo con el proyecto que presentó ayer por la noche el legislador, las multas que imponga el instituto no podrán cobrarse hasta que sus resoluciones queden firmes tanto en el ámbito administrativo como en el Judicial, es decir, en el momento en que el instituto gane los amparos que las empresas interpongan contra sus resoluciones. Además, el Ifetel no será el encargado de cobrar directamente estas sanciones: “Dichas multas serán ejecutadas por el SAT, a través de los procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano”, detalla la iniciativa del senador panista.
La iniciativa también plantea la división de facultades entre el instituto y la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular los contenidos, pues la dependencia se encargará de sancionar a las empresas que incumplan con lo que señala la ley en materia de tiempos del Estado, transmisión de boletines oficiales, el Himno Nacional, concursos, así como la reserva de estos tiempos oficiales en los canales de televisión y audio restringidos.
A su vez, el Instituto sancionará el incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para la transmisión de comerciales y las obligaciones en materia de defensa de las audiencias.
Por otro lado, el documento indica que las empresas preponderantes en telecomunicaciones no deberán cobrar por el tráfico que termine en su red. Además, al momento en que el Ifetel determine que dichas empresas ya no son preponderantes, el instituto deberá determinar si estas compañías tienen poder sustancial en los mercado relevantes de terminación de llamadas y de mensajes cortos, a fin de decidir si estos operadores continuarán obligados a cumplir con una regulación asimétrica.
La preponderancia se aplica a aquellas empresas que cuentan con una participación de 50 por ciento en el mercado nacional, medido por el número de usuarios y otros elementos, mientras que el poder sustancial se refiere a aquellas compañías que son dominantes en algún mercado específico en donde su carácter de dominantes les brinda incentivos para usar su poder de mercado e incurrir en prácticas desleales.
En caso de aprobarse la iniciativa de Lozano, Teléfonos de México (Telmex) y Telcel tendrían que afrontar más obligaciones asimétricas, aun cuando ya no sean empresas preponderantes. En este sentido Lozano plantea que Ifetel podrá imponer al agente económico con poder sustancial en el mercado de terminación de llamadas y mensajes cortos, obligaciones como abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, tarifas mayores a las que ofrece a cualquier usuario final.
Finalmente, el documento abre a puerta para que el Ifetel imponga obligaciones a Televisa en el mercado de televisión de paga, mediante la declaratoria de poder sustancial, aunque la televisora no haya sido definida como preponderante en este servicio: “Sin perjuicio de la declaratoria de agentes económicos preponderantes en los sectores de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, el Instituto podrá declarar agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de dichos sectores”, añade el documento.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 23 de abril.
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