Enmienda OCDE postura sobre iniciativa de ley

Serias deficiencias en el texto de la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones, una regulación prescriptiva que introduce una rigidez innecesaria al sector, un necesario aumento en el monto a sanciones y una regulación en interconexión que minaría a este mercado fue la opinión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), publicada el pasado martes por EL UNIVERSAL.
Sin embargo, este miércoles el mismo organismo internacional informó que la opinión vertida en el documento de cinco páginas que entregó a un legislador de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado “no tenía como propósito hacer una valoración integral del proyecto de leyes secundarias ni tampoco se pretendía que fuese un documento concluyente para difundirlo a los medios de comunicación como opinión formal de la OCDE”.
Así, la OCDE emitió una serie de opiniones contrarias a las enviadas al Senado en el primer documento publicado por EL UNIVERSAL.
“La OCDE reconoce el esfuerzo del Gobierno de México para crear un marco legislativo de telecomunicaciones y radiodifusión basado en la competencia y la transparencia”, subrayó.
En contraste, en este nuevo texto el organismo asegura que “la legislación secundaria incluye elementos muy positivos para el fortalecimiento de la competencia, la eficiencia, la innovación y la inclusión en estos sectores”.
Asimismo, celebra que se incluyan recomendaciones de la OCDE, mientras que en el documento entregado al legislador había mencionado que no se consideraron sus recomendaciones en materia de interconexión, sobre regular ex ante (antes de) basándose en eficiencia de costos y aplicar las medidas a todos los operadores sin que las empresas puedan negociar entre ellos las tarifas.
En el comunicado de la OCDE se destaca una claridad de funciones del presidente y del secretario técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y sobre las funciones de los comisionados.
Sin embargo, en el documento previo se menciona que si la legislación es demasiado específica y detallada se corre el riesgo de que el IFT sólo pueda imponer obligaciones limitadas.
Agregó como parte de sus opiniones que la incorporación de un capítulo sobre recursos de numeración, denominación y direccionamiento deberá sentar las bases para una gestión eficiente de los recursos escasos a través de procedimientos abiertos, procompetitivos, objetivos, no discriminatorios y transparentes.
En cuanto a las ofertas mayoristas de referencia, comentó que la oferta mayorista de referencia del agente preponderante es un importante paso para promover la competencia en el sector frente a la libre negociación de condiciones entre operadores.
“Sin embargo, es importante que también se extienda esta obligación a los agentes con poder sustancial (art. 280) y se recalque el hecho de que los precios incluidos en las ofertas de referencia deben ser orientados a costos eficientes”, agregó.
Sobre la red compartida mayorista, comentó que es positivo que se excluya la prestación de servicios a usuarios finales, pues con esto se evitan distorsiones.
“Si el Estado mexicano quisiera prestar servicios minoristas en alguna área geográfica específica (por ejemplo, zonas rurales de difícil acceso), lo podría hacer creando un operador de propiedad pública. Además, es importante señalar que, siguiendo buenas prácticas internacionales, es también bienvenida la inclusión de la obligación de separación contable en la prestación de servicios de comunicación y radiodifusión de los concesionarios con participación pública, así como los principios de neutralidad a la competencia”, detalló.
Finalmente, el organismo internacional celebró que se incluya el concepto de insumo esencial como principio de competencia, pues esto asegura que haya una sana competencia .
Carla Martínez, El Universal, 10 de abril.

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