Se dispara en INE fiscalización; revisará unos 220 mil informes

Las nuevas facultades que la Constituciónconfirió al Instituto Nacional Electoral (INE) para la fiscalización de partidos, campañas locales y federales, le obligarán a revisar unos 220 mil informes de gastos de campaña de precandidatos y candidatos de todos los niveles de elección, carga de trabajo que aún no se define cómo será enfrentada.

Tan sólo una revisión selectiva de 5 % del total de sujetos de fiscalización obligaría a solicitar “no menos de 18 mil oficios” anuales a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a revisar unas 900 mil operaciones bancarias, según la Unidad de Fiscalización del ahora extinto IFE.

Actualmente, la Unidad de Fiscalización (UF) cuenta con 220 funcionarios, encabezados por su director general, Alfredo Cristalinas, apoyado en auditores, abogados y personal administrativo.

Por ahora no se ha determinado cuál será la adscripción de la Unidad de Fiscalización, que hoy goza de autonomía y capacidad de gestión, aunque depende del Consejo General del INE.

Hay varias propuestas para la UF, una de ellas menciona que algunas de sus tareas podrían ser asumidas por la Comisión de Fiscalización, integrada por consejeros del INE.

En el documento Impactos de la reforma constitucional en materia de fiscalización a partidos políticos y candidatos, la UF propuso cambios legales para dar viabilidad al nuevo modelo de fiscalización, que además de aumentar el volumen de trabajo requerirá de precisiones técnicas para ejercer a plenitud la revisión nacional ordenada por el Poder Legislativo.

La reforma electoral establece que el INE deberá fiscalizar ahora no sólo partidos nacionales y candidatos federales, sino los ingresos y egresos de partidos y candidatos federales y locales.

Es decir, revisará a siete fuerzas políticas nacionales [más las que obtengan su registro] y sus dirigencias en 32 entidades, más los actuales 25 partidos locales y los que surjan en el futuro.

Tan sólo los montos a revisar casi se duplicarán, si se considera que este 2014 los partidos nacionales cuentan con 3 mil 925 millones de pesos, pero sus dirigencias estatales, además de las fuerzas políticas locales, accedieron a unos 3 mil millones de pesos más.

Así, a diferencia del IFE, que sólo fiscalizaba las campañas de unos 4 mil 400 candidatos —que contendieron por 500 cargos a diputados locales, 128 a senadores y Presidente, más los respectivos precandidatos— ahora la cifra crecerá exponencialmente al considerar todas las elecciones federales y locales, además de las campañas de candidatos sin partido.

Es decir, además de diputados, senadores y Presidente, el INE fiscalizará campañas de aspirantes a 2 mil 440 presidencias municipales, 16 delegaciones de la Ciudad de México; mil 137 diputados locales [690 de mayoría y 447 plurinominales] y 13 mil 673 integrantes de ayuntamientos [regidores, concejales y otros].

Aunque son 16 mil 819 los cargos en disputa, dado que se fiscalizan candidatos y precandidatos, el número de sujetos obligados podría ser superior a 200 mil, considerando un promedio de cinco partidos contendientes y dos precandidatos por puesto, pues aunque la Constitución no incluyó a éstos últimos, es previsible que sean incluidos en la revisión, pues hoy ya están fiscalizados.

Propuestas

Sin embargo, el centro de atención de la Unidad de Fiscalización —hoy aún a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz— no es el aumento de sujetos a fiscalizar, sino fijar medidas que permitan dictámenes en plazos cortos para que aplique, eventualmente, la causal de nulidad por rebase de topes de campaña prevista en la Constitución.

En este punto además de fiscalización en línea se plantea, por ejemplo, que al arranque de las campañas se establezca una lista de precios mínimos y máximos en servicios y productos comunes como bardas, utilitarios, transporte terrestre y aéreo.

Además propone no permitir el prorrateo, mecanismo que permite a partidos y coaliciones decidir qué porcentaje de gasto se atribuye —para efectos de comprobación— a una campaña presidencial y cuánto al resto de candidatos, asunto que en 2012 hizo la diferencia en el rebase de topes de campaña.

La UF propuso hacer operable la fiscalización nacional con ampliación de facultades como la de certificación de empresas para evitar las firmas “fachada”.

El documento también plantea dar facultades para asegurar cuentas bancarias a quienes se opongan a la fiscalización, y el establecimiento, en las leyes secundarias, de una tabla de sanciones de acuerdo al tipo de irregularidades y montos involucrados, que contemple agravantes y atenuantes, de modo que las multas queden sujetas a reglas claras y previamente establecidas.

Carina García, El Universal, 19 de abril.