Vuelven las protestas contra el gobierno en Caracas

El este de Caracas amaneció este lunes en medio de nuevas protestas callejeras y bloqueos en algunas vías, mientras se vivía una jornada tensa en la ciudad de San Cristóbal, cuna de las manifestaciones antigubernamentales, donde miles de militares fueron desplegados para quitar las barricadas que fueron instaladas hace más de un mes por opositores.

Algunas vías del este de la capital fueron bloqueadas con barricadas levantadas con desechos, escombros y muebles viejos por decenas de manifestantes que decidieron retomar este día las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que habían suspendido hace unas semanas a la espera de un posible diálogo entre las autoridades y la oposición.

Los accesos al municipio capitalino de El Hatillo, en el sureste de la ciudad, amanecieron cerrados, lo que generó un congestionamiento de vehículos que obligó a centenares de personas a caminar varios kilómetros para llegar a su trabajo. Pero los bloqueos sólo ocurrieron en algunos puntos del este, mientras en el resto de la ciudad las actividades transcurrían con normalidad.

Por cuarto día consecutivo en la suroccidental ciudad de San Cristóbal, a unos 600 kilómetros de Caracas, persistía la tensión luego de que miles de militares y policías retiraban las barricadas, dijo Sergio Vergara, alcalde interino de esa localidad.

Dijo que hay zozobra en zonas donde continúan las guarimbas (barricadas) y denunció que los cuerpos de seguridad arremeten con gas lacrimógeno y perdigones contra la población, allanan casas y hacen detenciones.

Ante esa situación más de 60 por ciento de las actividades comerciales de San Cristóbal, capital de estado de Táchira, permanecen paralizadas, lo que ha agudizado los problemas de desabasto de alimentos y otros bienes, precisó Vergara, quien asumió el cargo tras la detención del opositor Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal.

El Tribunal Supremo de Justicia sentenció la semana pasada a Ceballos, del partido opositor Voluntad Popular, a 12 meses de prisión y cese de sus funciones por desacato al máximo tribunal al no evitar la instalación de barricadas en su jurisdicción.

Grupos opositores marcharon esta tarde en Maracaibo, capital de Zulia, en memoria de Roberto Annese, quien murió el pasado sábado en el barrio de El Naranjal, cuando presuntamente manipulaba un mortero que le explotó. La marcha transcurrió después del sepelio de Annese, cuya muerte es investigada por la fiscalía local.

Los violentos incidentes en Caracas y otras ciudades, a casi dos meses de que estallaron, han dejado 39 fallecidos, 559 heridos y más de mil 700 detenidos, de los cuales 168 son procesados. El gobierno de Maduro alega que la oposición quiere derrocarlo, lo cual es negado por ese sector.

El gobernador de Lara e integrante de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henri Falcón, llamó a esa coalición a dialogar con el gobierno al señalar que ya basta de tantos errores y tanta violencia. Abogó por iniciar el diálogo sin demora para presentar propuestas y exigir el fin de la represión.

El canciller Elías Jaua defendió la actuación de los cuerpos de seguridad en el control de las protestas callejeras, al considerar que la Guardia Nacional y la policía han hecho un uso proporcional, legal y diferenciado de la fuerza. En entrevista con el canal Globovisión, dijo que el gobierno espera el paso de la oposición para sentarse a dialogar con el presidente Maduro.

Añadió que el gobierno está abierto a una mediación del Vaticano o de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), pero afirmó que los sectores conservadores en Estados Unidos sueñan con una guerra civil en Venezuela. Jaua señaló que el Departamento de Estado quiere boicotear y deslegitimar la tarea de colaboración que hizo la semana pasada la Unasur.

En tanto, el presidente uruguayo, José Mujica, exigió a Estados Unidos respeto a Venezuela y rechazó cualquier intento de aplicarle sanciones. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que gobierno y oposición en Venezuela deben resolver la crisis y subrayó que hace mucho que la época de las intervenciones quedó atrás.

En otro orden, el gobierno emitió las normas que obligan a arrendatarios a ofrecer en venta sus inmuebles a inquilinos cuyos contratos tengan más de 20 años de antigüedad. La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas dio 60 días hábiles, a partir del 28 de marzo, para iniciar el proceso y será esa institución la que fijará el valor de la vivienda para la venta. Los propietarios que no vendan serán multados o embargados.

La Jornada, 1º de abril.