Antes del 10 de junio de 2015, fallo sobre licitación de dos cadenas nacionales de tv

Si no hay más cambios al calendario de la licitación de dos cadenas nacionales de televisión digital abierta, el fallo se dará a conocer a más tardar el 10 de junio de 2015, casi tres meses después de la fecha originalmente fijada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

El acuerdo para cambiar la fecha de la licitación no fue aprobado por unanimidad, ya que la comisionada Andriana Labardini votó en contra de la recalendarización. Las razones de su voto serán dadas a conocer en breve, informó en su cuenta de Twitter.

Por el mismo medio, el comisionado Fernando Borjón dijo que la certidumbre de largo plazo en la licitación de señales de televisión es fundamental para la concurrencia de ese proceso. La mayor concurrencia en #licitaciónTV permitirá generar mejores ofertas de cobertura en beneficio de #competencia y del servicio al público.

El regulador señaló que aplazó el inicio del proceso, en promedio dos meses y medio, para no afectar el plan de negocios de los posibles interesados, pues la falta de legislación secundaria podría inhibir el interés de participar de algunos interesados, ya que necesitan tener información clara sobre temas como la multiplexación, si habrá renovación automática de concesiones, y pago de contraprestaciones, así como la posibilidad de prestar servicios adicionales, entre otros que deben definirse en las leyes reglamentarias.

En el acuerdo emitido por los comisionados en sesión extraordinaria puntualizaron que al encontrarse pendiente la legislación secundaria no existe certidumbre sobre algunos aspectos que pueden incidir en el plan de negocios de los interesados, lo que podría constituir un posible desincentivo para la inversión tanto para posibles participantes como para la obtención de financiamiento.

El Ifetel señaló que 180 días naturales después de que entrara en vigor la reforma constitucional a telecomunicaciones y radiodifusión (la modificación acaba de cumplir un año), el Congreso debió realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico, debiendo, entre otras cosas, fijar los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas; y determinar los criterios conforme a los cuales el instituto otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias.

Miriam Posada García, La Jornada, 16 de junio.