Los despojos a propietarios, comuneros y ejidatarios de tierras y bienes a través de expropiaciones, planteados en las leyes reglamentarias de la reforma energética en materia de hidrocarburos y electricidad, afectarán más de 400 mil kilómetros cuadrados de terrenos en 12 entidades del país, aseguró el senador perredista Luis Sánchez.
Al participar en un foro sobre medio ambiente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, presentó un estudio realizado por su equipo, en el que se alerta sobre la intentona de expropiar las tierras de pequeños, medianos y grandes propietarios cuando se decrete la existencia de yacimientos de petróleo y gas, así como para instalaciones eléctricas.
La investigación, hecha con base en información de Petróleos Mexicanos (Pemex), muestra que con esas expropiaciones se afectaría, tan sólo en el caso de las reservas de hidrocarburos, a 260 municipios de entidades como Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Campeche. A lo que habría que sumar los espacios para la industria eléctrica.
En tanto, el experto en temas energéticos Fabio Barbosa Cano, advirtió que las leyes secundarias de la reforma energética –que se discuten en el Senado–
preludian la agudización de conflictos sobre defensa de tierras a la que empujan a los ejidatarios, campesinos e indígenas, porque se traslapan con algunas de las grandes áreas prospectivas de México.
Barbosa Cano, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aclaró que quizá el conflicto es débil y disperso en zonas como el desierto de Chihuahua o de algunos municipios de Coahuila, pero muy intenso en áreas como la cuenca Tampico-Misantla, donde Pemex espera encontrar el mejor potencial mexicano en gas de lutita o también conocido como de esquisto (shale, en inglés).
El especialista consideró que las poblaciones suceptibles de ser afectadas por las expropiaciones de importantes áreas son: Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Lo que marca la norma
En entrevista con La Jornada, explicó que ratificando lo planteado en el artículo octavo transitorio que define la exploración y extracción de hidrocarburos como actividad
estratégica, de interés social y
orden público, entonces se tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y el subsuelo.
Barbosa Cano consideró que se exacerbará el conflicto rural, porque la legislación secundaria del Ejecutivo federal –copia de lo implantado en Colombia– o la traslada mecánicamente de ese país, al nuestro, una figura jurídica llamada
Servidumbre minera/”Servidumbre petrolera”.
En resumen, esta norma consiste en que un simple juez de distrito, para
agilizarla solución de un conflicto entre el
asignatariode una concesión y el propietario de la tierra, limita el derecho de propiedad o de dominio del campesino o del indígena. El Ejecutivo asegura en la exposición de motivos que esta es una
nueva figura que se incorpora a nuestro sistema jurídicopero la verdad es que hace décadas que opera en Colombia.
Por otra parte, la dirigencia nacional del PRD calificó de
atentado a los intereses de la nación, la aprobación por los legisladores de PRI y PAN del segundo dictamen sobre la legislación secundaria de la reforma energética, la cual contiene las normas de las industrias eléctrica y geotérmica, así como el proyecto de ley de aguas nacionales.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, señaló que los legisladores del tricolor y del blanquiazul pusieron en riesgo la soberanía energética del país.
Es deplorable que esos institutos políticos antepongan el interés de las empresas privadas nacionales y extranjeras al de la nación, concluyó.
Emir Olivares Alonso e Israel Rodríguez, La Jornada, 16 de junio.
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