Apreuba el Senado en lo general la reforma política

Crear el Instituto Nacional Electoral (INE), otorgar autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), transformar la Procuraduría General de la República (PGR)  en una Fiscalía General, que será autónoma y cuyo titular durará en el cargo nueve años, y permitir la reelección de legisladores y presidentes municipales, quienes podrán durar en el cargo hasta doce años, son algunos puntos que establece la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada anoche, en lo general, por el Senado.

Con 106 votos a favor (del PRI, PAN, PVEM y parte del PRD), 15 en contra (PRD, PT, MC) y una abstención (Panal), los senadores aprobaron —a las 21:13 horas, tras cuatro horas y media de posicionamientos a favor y en contra— la reforma que además permite el gobierno de coalición, y en caso de no optarse por este tipo de gobierno, la Cámara de Diputados ratificará el nombramiento que haga el titular del Ejecutivo federal del secretario de Hacienda, y el Senado hará lo propio con el de Relaciones Exteriores.

El texto señala que cuando se trate de gobierno de coalición, el Congreso ratificará a los secretarios de Estado nombrados por el Presidente de la República, con excepción de los titulares de Defensa y Marina.

Para la elección del nuevo fiscal general de la República, el Senado enviará al Ejecutivo federal una lista de diez candidatos, y éste remitirá a la Cámara alta una terna surgida de la lista recibida, dentro de la cual el Senado elegirá por mayoría calificada.

Respecto a la reelección de legisladores, se extiende la permanencia en el cargo hasta por doce años; de esta forma, los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados federales y locales hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá realizarla el mismo partido.

En cuanto al tiempo que transcurre entre la elección presidencial (julio) y la toma de posesión del Ejecutivo federal (diciembre), se determinó que, por ser un periodo muy largo de espera, la toma de protesta sea el 1 de octubre del año de la elección.

Para conservar el registro, los partidos políticos deberán obtener el tres por ciento de la votación total emitida.

Además, se establece la anulación de la elección por violaciones graves, dolosas y determinantes, ya sea por exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento; cuando se quiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, y si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Al hablar en tribuna sobre la desaparición del IFE y la creación de su sustituto, el INE, el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó:

“Sin dejar de reconocer la importante aportación que ha dado en sus casi 20 años al servicio de la democracia, el IFE ha cumplido su ciclo en forma muy destacada. En esta nueva etapa se requiere de un órgano y un nuevo orden.

“Por tal razón el acuerdo mayoritario de las comisiones es que se dé paso a un Instituto Nacional Electoral, que además de ser un órgano autónomo constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ejerza a plenitud los valores de la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la equidad y la legalidad”

Esto –prosiguió– con el fin de que se haga cargo de los procesos federales, pero también que se involucre activamente en los procesos locales, para garantizar que la única fuerza imperante en los procesos electorales y sus resultados, sea la voluntad libre, universal, personal y secreta del electorado, expresada en las urnas.

El órgano de gobierno del INE  tendrá once miembros y permanecerán en el cargo nueve años; todos serán electos por la Cámara de Diputados, a partir de una relación de cinco aspirantes por cada vacante, que elija un Comité Técnico de Evaluación.

La discusión en lo particular del dictamen continuó hasta la madrugada de hoy. Se esperaba la participaron de más de 50 oradores. Posteriormente, la minuta sería enviada a la Cámara de Diputados.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 4 de diciembre.