SEP: estados sin censar sufrirán consecuencias

Los resultados preliminares del primer censo en la educación básica del país permitieron saber que se tenían registradas 460 escuelas o centros que “no fueron localizados, no existen”, por lo que se investigará si recibían presupuesto para, en todo caso, “corregir las deficiencias administrativas”.

En el censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a petición de laSecretaría de Educación Pública (SEP) se encontró que en 29 estados existen alrededor de 1.9 millones de trabajadores de la educación que atienden a más de 23.6 millones de alumnos en 236 mil escuelas.

El instituto reportó que no pudo ubicar 460 centros. Los planteles que se podrían considerar fantasmas son de los estados de Durango (148), Guerrero (131), Jalisco (104 ), Veracruz (29), San Luis Potosí (25), Zacatecas (15), Chiapas (6), Quintana Roo y Tamaulipas con un centro escolar, respectivamente.

Eduardo Sojo, presidente del Inegi, aseguró que si tienen o no presupuesto “se va a investigar. Yo espero que de aquí a fines de marzo —cuando los resultados sean definitivos— podamos dar más elementos e identificar dónde están las deficiencias de estos centros administrativos”.

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, advirtió que en el caso de Chiapas, Oaxaca y Michoacán, en donde no se censaron más de 24 mil 900 centros escolares y alrededor de 157 mil 480 trabajadores que atienden a más de dos millones de alumnos, habrá “consecuencias lamentablemente severas”.

El Inegi informó que esos estados concentraron la mayoría de los casi 25 mil centros escolares donde los maestros se “negaron” a otorgar la información.

Luego del arranque del censo, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la aplicación de sanciones a quienes de entre sus simpatizantes otorgaran datos a los encuestadores del instituto.

Chuayffet Chemor anunció que se estudia la posibilidad de encontrar un mecanismo legal para intervenir en los estados en donde los maestros han realizado paros de labores y no se han aplicado las sanciones que prevé la reforma.

En el caso específico de Oaxaca en donde se presentó la mayor proporción de escuelas no censadas, el secretario dijo que eso “no anula la reforma”, que sigue adelante, pero consideró que quienes están en contra de ella están protegiendo intereses particulares. “Quienes han apoyado la reforma apoyan a la educación. Quienes se oponen a la reforma alegando supuestos maltratos laborales o desconocimientos de derechos es porque finalmente están protegiendo cotos de poder y círculos de interés perfectamente definidos”.

En el caso particular de Oaxaca explicó que las sanciones “no ocurren porque las autoridades educativas locales no han aplicado las disposiciones legales y la SEP no tiene la facultad de aplicarlas por el acuerdo de federalización de 1992. En consecuencia ni un estado es la Patria ni el número es significativo para anular lo que ocurre en el país”.

Identificó que la responsabilidad está claramente expresada “de suerte que toca a la autoridad educativa de Oaxaca aplicar la ley”.

Miguel Cervera, responsable del levantamiento del censo, comentó que 90.5% de los centros de trabajo no censados se ubicaron en Chiapas (47%), Oaxaca (27%) y Michoacán, en una cifra similar.

En 241 centros no se levantó el censo debido a la “contingencia operativa” provocada por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, la mayoría, localizados en Guerrero.

Un grupo más lo constituyen los 68 centros en donde por “inseguridad” no se recogió la información. El código fue preciso para los encuestadores, lo que representa 0.03% del total nacional.

La ubicación es precisa, abundó Eduardo Sojo, corresponde a cinco estados: Chihuahua (28), Durango (5), Jalisco (3), Nayarit (9) y Sinaloa (23).

Durante la presentación, el secretario Emilio Chuayffet explicó que a partir del próximo año se desarrollará el sistema de pagos para los trabajadores y a partir del 1 de enero de 2015 la dependencia tendrá la responsabilidad de realizar el pago a cerca de 2.1 millones de trabajadores de la educación básica. Esto debido a que se busca diseñar un mecanismo para continuar con el censo.

“Ningún estado se puede quedar sin los datos que son necesarios para la operación, el pago y la administración”, enfatizó el secretario.

En la sede del Inegi, el funcionario consideró “positivo” el avance de la reforma debido a que en sólo tres entidades no se realizó el censo al ciento por ciento.

El secretario Emilio Chuayffet indicó que de todo lo realizado por la Secretaría de Educación Pública en el marco de la reforma “lo más importante es lo que no se percibe, que es que recobramos la rectoría de la educación y eso no ocurría anteriormente”. 

Nurit Martínez, El Universal, 20 de diciembre.