Cascada de quejas de la CIRT por la reforma de Peña Nieto

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) demandó en el Senado que se modifique la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de reducir aún más los requisitos para la prórroga de concesiones para el pago de la contraprestación al Estado por el uso de las frecuencias radioeléctricas.

Exigió asimismo a los legisladores supervisar que se cumpla la prohibición de publicidad a los medios públicos y sociales y revisar las sanciones económicas a la concesionarios por incumplimiento de la ley, ya que son ‘‘desproporcionadas’’.

En el primer día de las audiencias públicas convocadas por las comisiones dictaminadoras, representantes de las cámaras de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnología de la Información (Canieti) y de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) expresaron también preocupación por las sanciones y por las obligaciones que se les imponen de bloquear e inhibir señales, así como de intervenir teléfonos.

Muchas empresas no podrán pagar

En nombre de la CIRT, Eduardo Ruiz Vega dijo que las sanciones fijadas en la iniciativa violentan ‘‘el pilar’’ de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que es ‘‘ensanchar el ámbito de las libertades de expresión y de información de los mexicanos’’.

Resaltó que ‘‘resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión’’ que se pretenda imponer sanciones determinadas con base en el nivel de ingresos de los concesionarios.

Por su parte, el representante de la Canitec, José Antonio García Herrera, apuntó que las multas son de cinco por ciento de los ingresos gravables. ‘‘Estamos hablando de sanciones de 82 millones de salarios mínimos, que equivalen a más de 5 mil 500 millones de pesos, que más de 250 empresas cableras pequeñas no podrán pagar’’.

Aunque en la ya conocida como iniciativa Peña-Televisa los apoyos a los medios públicos y privados son mínimos y no se les permite obtener publicidad, el representante de la CIRT insistió en que deben fijarse los mecanismos y procedimientos objetivos que garanticen ‘‘la observancia cabal de las restricciones para que los concesionarios públicos y sociales no comercialicen con sus concesiones’’.

García Herrera, así como el representante de Canieti, Víctor Martínez Gutiérrez, pidieron que se modifique el capítulo de colaboración con la justicia, en que se obliga a los concesionarios a bloquear –sin orden judicial– señales de todo tipo de frecuencias y a intervenir comunicaciones privadas en caso de delincuencia organizada, además de guardar hasta por dos años los datos de los usuarios. Hicieron notar que ello es muy caro y se cobrará al usuario, además de que consideraron riesgoso que agentes del Ministerio Público puedan exigir a los concesionarios tales medidas.

En nombre de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Gabriel Székely advirtió que el bloqueo de señales en los reclusorios y demás penales, que también se exige a los concesionarios, no soluciona el problema de delincuencia organizada, ya que esto se da por la corrupción de las autoridades que permiten el ingreso de teléfonos celulares a esos centros de reclusión.

El senador panista Javier Corral Jurado no participó ayer en esa consulta, ya que, dijo, se da ‘‘bajo un panorama tendencioso y apresurado’’, con un desequilibrio entre los invitados, la mayor parte afines a la empresa Televisa.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 3 de abril.