Industria de radio y televisión critica sanciones "excesivas" ante senadores

Sanciones excesivas en radiodifusión y contenidos, en cuestiones de seguridad y falta de detalle en la determinación y obligaciones de preponderancia, fueron las preocupaciones reflejadas por miembros de la industria durante el primer bloque del Foro Análisis sobre las leyes Secundarias de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), dijo que las sanciones que se imponen en radiodifusión son muy altas y no se pueden equiparar al mercado de telecomunicaciones pues el segmento de radio y televisión ofrece servicios gratuitos.

“Resulta preocupante para los industriales de la radio y la televisión que se pretendan imponer sanciones determinadas, a su vez, con base en el nivel de ingresos de la estación de radiodifusión cuando existe una diferencia clara entre los aspectos operativos de la radiodifusión respecto al resto de las telecomunicaciones”, expresó Ruiz Vega.

Del mismo modo, José Antonio García Herrera, representante de la Canitec, coincidió en que las sanciones económicas que están en la iniciativa son desproporcionales comparadas con las inversiones, pago a proveedores e impuestos que las empresas de televisión por cable deben realizar.

En cuanto a las definiciones de preponderancia contenidas en la iniciativa del Ejecutivo, destacó que se deben reforzar los temas sobre tarifas y que se detalle la forma en que Telmex y Telcel podrían entrar a la televisión.

“Preocupa mucho el tema Telmex y Telcel, de la posibilidad de que puedan dar televisión restringida, nos preocupa mucho porque sabemos el poderío que tienen estas empresas”, comentó el representante de Canitec.

Por ello, pidió que se revise que se haya cumplido con el título de concesión “que a la fecha tengo conocimiento de que no se ha cumplido o demostrado haber cumplido”, que se obligue a la desagregación de red y compartición de infraestructura, medidas de separación contable para evitar subsidios cruzados, depredación de precios y se obligue a la interconexión y ofertas públicas de interconexión.

En el tema de colaboración con la justicia, tanto el representante de la CIRT y como el de la Canitec, pidieron que se disminuya el lapso de 24 meses que se impone a las empresas para que guarden información y que se indique a ciencia cierta qué autoridad será la que requiera información sobre usuarios.

Ajustes a preponderancia

Víctor Gutiérrez, presidente de la Canieti, coincidió en que las sanciones son excesivas y comentó que es necesario hacer precisiones y ajustes a la iniciativa en materia de preponderancia, considerando que deben hacerse compatibles las recientes resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con lo que indica la iniciativa.

Respecto al tema de seguridad pidió que se limite a los actores que podrán tener información sensible de los usuarios. Además, señaló que “los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales, esperamos que lo que se solicite sea técnicamente factible”.

Para Gutiérrez, el tema de que los operadores tengan que guardar durante 24 meses la información podría convertirse en un costo adicional para los clientes.

Gabriel Szekely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), coincidió en que se debe de reconsiderar el tema de la información y destacó que les sorprende que la ley no distingue claramente las responsabilidades entre concesionarios y autoridades en materia de seguridad.

En tanto, Raúl Trejo, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, calificó como lamentable la iniciativa del Presidente de la República la cual es “tendencialmente stalinista”.

Subrayó que es una iniciativa diseñada de acuerdo con el interés de Televisa y TV Azteca, las cuales defienden los contenidos con base en derechos de autor lo cual calificó de “mera palabrería”.

Carla Martínez, El Universal, 3 de abril.