A fin de lograr una estrategia de seguridad para operadores del sector de la información, la Secretaría de Gobernación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la embajada de Alemania en México firmaron una carta compromiso para el proyecto “Consulta estatal para una estrategia nacional de fortalecimiento en seguridad y justicia para medios de comunicación en México”.
Con una aportación del gobierno alemán de 100 mil euros, cerca de un millón 600 mil pesos, se realizará una serie de seminarios para investigar riesgos y peligros para el trabajo de los comunicadores en diferentes lugares, al tiempo de asesorar a colaboradores, a los propios medios de difusión, para “lidiar de la mejor manera con estas situaciones de riesgo y resguardar su seguridad”. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, explicó que se trata de un proyecto para respaldar las acciones que realizan la PGR, la SRE y la SSP, así como del Alto Comisionado de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de periodistas, para enfrentar el problema de amenazas a informadores.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe de Jesús Zamora, destacó la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar el ejercicio de la labor informativa y los derechos humanos de quienes en ello se desempeñan y las empresas periodísticas en las que laboran, por lo que se deben crear herramientas que protejan su independencia de intereses particulares.
México. Mauricio Pérez, Milenio, 29 de enero.
Con una aportación del gobierno alemán de 100 mil euros, cerca de un millón 600 mil pesos, se realizará una serie de seminarios para investigar riesgos y peligros para el trabajo de los comunicadores en diferentes lugares, al tiempo de asesorar a colaboradores, a los propios medios de difusión, para “lidiar de la mejor manera con estas situaciones de riesgo y resguardar su seguridad”. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, explicó que se trata de un proyecto para respaldar las acciones que realizan la PGR, la SRE y la SSP, así como del Alto Comisionado de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de periodistas, para enfrentar el problema de amenazas a informadores.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe de Jesús Zamora, destacó la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar el ejercicio de la labor informativa y los derechos humanos de quienes en ello se desempeñan y las empresas periodísticas en las que laboran, por lo que se deben crear herramientas que protejan su independencia de intereses particulares.
México. Mauricio Pérez, Milenio, 29 de enero.
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