Alarma a TV Azteca multas y regulación de contenidos

TV Azteca afirmó que le preocupan diversas medidas propuestas en la ley secundaria para la reforma de telecomunicaciones, como la regulación de los contenidos para televisión y radio, y la imposición de multas para las empresas de radiodifusión, ya que a esta industria se le aplicarían las mismas sanciones que se les impondrán a las empresas de telecomunicaciones, a pesar de que son dos subsectores que operan en diferentes condiciones.

"Nos llama la atención algunos elementos de la propuesta, como el tratamiento que se plantea en el ámbito de las sanciones para empresas de radiodifusión. Nos preocupa que se nos trate a la industria de la radiodifusión de manera similar a la de las telecomunicaciones cuando tenemos maneras diferentes de operar", explicó Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas. El proyecto elaborado por el Ejecutivo federal plantea sanciones equivalentes al 5 por ciento de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones y de radiodifusión que violen la ley, mientras que las sanciones en materia de contenidos ascenderán hasta el 2.5 por ciento de los ingresos de las compañías de radio y televisión.

Las sanciones pueden llegar al doble de la cantidad señalada, es decir, al 10 y 5 por ciento de los ingresos de las empresas, en caso de reincidencia: "Nos preocupa que se nos apliquen fórmulas similares a las de la industria de telecomunicaciones, cuando nuestro servicio es gratuito", destacó Ruiz Vega, quien también es miembro de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

El directivo también señaló que existe preocupación con respecto a la regulación de contenidos, pues la reforma establece varias reglas para la programación que se transmita en radio y televisión: "Nos preocupa que estas medidas se apliquen respetando libertad de expresión. La tendencia internacional va encaminada a desregular los contenidos y solo aplicar reglas para casos específicos, por ejemplo, reglas para proteger a la niñez de contenidos nocivos.

Adrián Arias, La Crónica, 27 de marzo.