EU debe ser congruente en sus acciones contra el narco: Calderón

Cartagena de Indias, 26 de octubre. Al concluir la duodécima cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, los presidentes emitieron una declaración en la que externan su preocupación por el desarrollo de iniciativas locales que proponen la legalización del uso de la mariguana, y demandan a las naciones consumidoras “ser congruentes y consistentes en las políticas públicas contra el narcotráfico”.

Los ocho países que asistieron a la cumbre sostuvieron que “no puede promoverse la criminalización de esas actividades y, al mismo tiempo, la legalización abierta o velada de la producción y consumo de droga en sus territorios”.

Al referirse al pronunciamento, el presidente Felipe Calderón señaló que se trata de una llamada de alerta contra estas políticas que parecen poco congruentes, pues en todo caso es muy difícil hacer compatible legalizar por un lado y criminalizar por el otro.

Calderón afirmó que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los narcotraficantes, el principal abastecedor de dinero y aparte es el mercado más grande de consumo de drogas. Sostuvo que si esa nación hiciera en el combate al narcotráfico la mitad de las acciones que instrumenta para detener migrantes, otra cosa sería, pues en la actualidad 90 por ciento de las armas incautadas provienen de ese país.

Por ello, el presidente mexicano pidió congruencia en las acciones de Estados Unidos conforme al problema del narcotráfico.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Calderón señaló que la Iniciativa Mérida pretendía hacer llegar a México mil 400 millones de dólares, de los cuales ni siquiera ha llegado la mitad en los pasados tres años, mientras que en México se invierte anualmente 10 mil millones de dólares.

En la declaración conjunta se subraya que medidas parciales no resuelven el problema que representa el crimen organizado trasnacional, que exige un compromiso, corresponsabilidad de todas las naciones.

El documento subraya la importancia de acciones concretas en contra del tráfico de armas, dinero en efectivo y precursores químicos.

“Acciones que no tengan en cuenta la totalidad del proceso de producción y distribución de drogas ilícitas, así como las otras áreas delictivas en que participan estas organizaciones, generarán efectos negativos mayores a los beneficios que se espera pudieran acarrear”.

Por la mañana, durante la inauguración del foro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, introdujo el tema en la cumbre al censurar la pretensión de países consumidores de legalizar el consumo de mariguana: “es confuso para nuestra gente que mientras perdemos vidas e invertimos recursos en la lucha contra el narcotráfico, en países consumidores se promuevan iniciativas como el referendo de California –la octava economía del mundo– para legalizar la producción, venta y consumo de mariguana”.

Al referirse al problema del narcotráfico y el crimen organizado trasnacional, Felipe Calderón sostuvo que se requiere “una concertación regional con sentido de urgencia” para enfrentar estos “flagelos”.

Sin aludir expresamente a la inminente consulta por la legalización de la mariguana en California, el presidente mexicano dijo que la seguridad regional implica esfuerzos conjuntos, vinculando el tema con los excesos que se han cometido en contra de los migrantes.

Aun cuando en el ambiente pesaba la masacre ocurrida contra indocumentados centro y sudamericanos en Tamaulipas, Calderón hizo una mención expresa al vínculo que tiene el crimen organizado trasnacional con los abusos en contra de quienes emigran de sus países. Consideró que se han cometido “actos de barbarie, condenables y repudiables contra nuestros hermanos, en particular por las organizaciones criminales”.

El jefe del Ejecutivo mexicano afirmó –ante los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla; de Panamá, Ricardo Martinelli; de Guatemala, Alvaro Colom, y de Honduras, Porfirio Lobo, recién incorporado a encuentros multilaterales, lo que contrastó con la ausencia del nicaragüense, Daniel Ortega– que el deseo de desarrollo regional enfrenta como mayor obstáculo al crimen organizado, que representa una amenaza contra la seguridad regional. Lamentó que los efectos de su acción (delincuencial) sea también que “envenenan” a las juventudes de la región.

Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno, criticó también la pretensión de legalizar la droga en California, pues su eventual aprobación modificaría sustancialmente la lucha contra el narcotráfico, sobre todo porque la iniciativa proviene del país donde hay mayor mercado. Coincidió en el diagnóstico de que en esta lucha los muertos han sido en los países de la región, mientras las ganancias del mercado se quedan en Estados Unidos.

Quien fue más contundente en torno a ese tema fue el presidente colombiano, pues calificó el desafío del crimen organizado como un asunto de seguridad nacional, y subrayó que su país ha sido el más golpeado por los efectos “nefastos” que en la sociedad ha tenido la operación del narcotráfico.

Santos aseguró que ha enfrentado al narcotráfico “cada vez con mejores resultados”, por lo que, dijo, Colombia está dispuesta a cooperar con otras naciones, pues es un problema que, lejos de desaparecer, se desplaza hacia otras regiones. “Hemos puesto muchos muertos y hemos hecho muchos sacrificios para combatir este flagelo, y ahora queremos cooperar porque sólo con la cooperación se pueden obtener resultados más tangibles.

“Si todo lo que estamos haciendo es enviar a nuestros conciudadanos a prisión, mientras en otras latitudes se legaliza el mercado, entonces debemos preguntarnos si no es hora de revisar la estrategia global frente a las drogas”, agregó el mandatario colombiano.

Santos hizo comentarios sobre su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, James Steinberg –ocurrida la víspera de la cumbre–, quien le confirmó la oposición del gobierno de Barack Obama a la legalización de la mariguana, pero que si resultara aprobada esa propuesta, la administración federal tendría que entrarle al debate.
Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de octubre.

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