Bogotá, 27 de octubre. La procuraduría colombiana confirmó hoy la destitución de la senadora liberal Piedad Córdoba, quien medió en la liberación de 14 rehenes plagiados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo cargos de “colaborar” con esa guerrilla. El Consejo de Estado debe aún avalar la medida.
“La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años proferida contra la senadora liberal Piedad Córdoba por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las FARC”, indicó la institución.
El primer fallo de la procuraduría, emitido el 27 de septiembre, generó una fuerte controversia dentro y fuera de Colombia.
Córdoba realizó gestiones desde 2008 que culminaron en la liberación de 14 rehenes, algunas con ayuda del mandatario venezolano Hugo Chávez, y con autorización del gobierno colombiano encabezado por Álvaro Uribe.
Varios ex secuestrados pidieron a la procuraduría “reflexionar” y solicitaron que reconsiderara el fallo, pero la dependencia ratificó sus acusaciones y señaló que “está comprobado que la senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos”.
Según la procuraduría colombiana, la senadora se extralimitó en sus funciones de mediadora, en particular cuando “emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de videos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros”.
En Madrid, medio centenar de personas protestaron frente a un casino de la capital española donde el ex presidente Uribe recibió un premio que otorga el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación San Pablo CEU, de corte católico.
Varias organizaciones no gubernamentales interpusieron este martes una demanda contra Uribe por “espionaje” contra ellas.
“La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años proferida contra la senadora liberal Piedad Córdoba por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las FARC”, indicó la institución.
El primer fallo de la procuraduría, emitido el 27 de septiembre, generó una fuerte controversia dentro y fuera de Colombia.
Córdoba realizó gestiones desde 2008 que culminaron en la liberación de 14 rehenes, algunas con ayuda del mandatario venezolano Hugo Chávez, y con autorización del gobierno colombiano encabezado por Álvaro Uribe.
Varios ex secuestrados pidieron a la procuraduría “reflexionar” y solicitaron que reconsiderara el fallo, pero la dependencia ratificó sus acusaciones y señaló que “está comprobado que la senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos”.
Según la procuraduría colombiana, la senadora se extralimitó en sus funciones de mediadora, en particular cuando “emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de videos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros”.
En Madrid, medio centenar de personas protestaron frente a un casino de la capital española donde el ex presidente Uribe recibió un premio que otorga el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación San Pablo CEU, de corte católico.
Varias organizaciones no gubernamentales interpusieron este martes una demanda contra Uribe por “espionaje” contra ellas.
La Jornada, 28 de octubre.
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