Washington, 28 de octubre. Al menos 22 activistas, un periodista y un juez fueron asesinados en los primeros 75 días de la presidencia de Juan Manuel Santos en Colombia, denunciaron este jueves varias organizaciones no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), afirmó que la situación bajo Santos, quien tomó posesión el 7 de agosto, es “preocupante” y se evidencia una “continuidad” del gobierno de Álvaro Uribe en cuanto a violaciones de derechos humanos.
En una audiencia en la CIDH, las organizaciones presentaron un informe elaborado por la Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a casi 200 ONG, y en el que denuncian los asesinatos, en menos de tres meses, de siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco sindicalistas, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y un periodista.
En la denuncia se destaca que a cinco años del proceso iniciado por Uribe para la desmovilización de los grupos de paramilitares, menos de dos por ciento de éstos se sometieron a la justicia y sólo hubo dos sentencias; una fue declarada nula y la otra apelada.
María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), afirmó que la situación bajo Santos, quien tomó posesión el 7 de agosto, es “preocupante” y se evidencia una “continuidad” del gobierno de Álvaro Uribe en cuanto a violaciones de derechos humanos.
En una audiencia en la CIDH, las organizaciones presentaron un informe elaborado por la Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a casi 200 ONG, y en el que denuncian los asesinatos, en menos de tres meses, de siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco sindicalistas, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y un periodista.
En la denuncia se destaca que a cinco años del proceso iniciado por Uribe para la desmovilización de los grupos de paramilitares, menos de dos por ciento de éstos se sometieron a la justicia y sólo hubo dos sentencias; una fue declarada nula y la otra apelada.
La Jornada, 29 de octubre.
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