"Tenemos indicios de que hay actuaciones irregulares de varios juzgadores", dijo Gerardo Sánchez Henkel, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, en entrevista telefónica.
Lo anterior en referencia a diversas suspensiones y medidas cautelares que, a lo largo de septiembre y octubre, fueron otorgadas a la empresa Iusacell, para dificultar la entrega del título de concesión e impedir el aprovechamiento del espectro asignado.
Sánchez Henkel celebró la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de suspender un año al juez de distrito Felipe Sifuentes, quien en 2009 ordenó a la SCT no detener las operaciones de la aerolínea Aviacsa.
"En el caso de Sifuentes está claro que fueron otros intereses que la aplicación de la ley los que motivaron su actuación, y en función de ello nos vimos en necesidad de cuestionarla y denunciarla", dijo.
La Licitación 21 sería el primer tema que genera quejas administrativas de la SCT desde el caso Aviacsa, y el funcionario manifestó sus dudas por la actuación del juez 27 de lo civil del DF, Gilberto Ruiz.
Este juez asumió competencia sobre un litigio en telecomunicaciones, a pesar de que esa es materia federal, y el pasado 15 de octubre dictó un auto en el que sin mayor trámite ordenó la liquidación del consorcio Nextel-Televisa "por dedicarse a actividades ilícitas".
Sánchez Henkel no detalló cuáles son los jueces federales contra los que presentaría quejas, pero las suspensiones en favor de filiales de Iusacell fueron otorgadas por dos juezas del DF, una de Córdoba, Veracruz, y otro de Toluca, este último cuando ya se había consumado la entrega de los títulos de concesión a Nextel."Al plantear una acusación de responsabilidad en contra de un juez, sea local o federal, vamos a ser cuidados de que sea diáfanamente claro, para facilitar el trabajo del Consejo de la Judicatura y obtener resoluciones favorables", agregó.
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