Publica Segob decreto de reforma educativa

La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia educativa, que oficializa la evaluación obligatoria de maestros y la realización de un censo de escuelas, profesores y alumnos.

Dicha reforma obliga al Estado a garantizar la calidad en la educación y a que los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, permitan el máximo logro de aprendizaje de los alumnos.

La educación, señala el texto publicado, “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educando”.

La reforma educativa fue promulgada apenas el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto y luego de la publicación, entrará en vigor hoy miércoles.

Establece que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Precisa que la ley reglamentaria fijará en su momento los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

La publicación corresponde a las reformas a los Artículos Tercero, en sus fracciones III, VII y VIII; y 73 fracción XXV, y a las adiciones de un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al Artículo Tercero de la Constitución Mexicana.

A través de esta reforma se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyos cinco integrantes de la Junta de Gobierno serán enviados en forma de ternas por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores en un plazo máximo de 60 días naturales a partir de hoy.

Esta Junta de Gobierno deberá estar integrada “por personas con capacidad y experiencia en evaluación educativa”, y para asegurar la renovación escalonada de sus integrantes, los primeros nombramientos serán por un periodo de cinco años; otros dos por seis años, y el quinto por siete años.

Precisa la publicación que a partir de ayer, el Congreso dispone de seis meses (180 días), para expedir la Ley del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley general de Educación correspondiente.

En el curso de este año, el INEGI realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Luciano Franco, La Crónica, 27 de febrero.

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