Audita el Senado firmas de consulta

Las más de 1.7 millones de firmas con las que fue solicitada la realización de una consulta sobre la reforma energética serán sometidas a un proceso de auditoría en el Senado.

Así lo acordaron senadores del PRI, PAN y PRD que integran la Mesa Directiva.

De acuerdo con un documento de la Cámara alta, los legisladores realizarán su propia revisión antes de dar aviso al IFE, la autoridad facultada para organizar la consulta.

Según el convenio, personal de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y asesores técnicos designados por la Cámara participarán en el escrutinio de la documentación.

"Se deberá levantar un inventario en acta de los documentos recibidos, debiendo dar cuenta del resultado la Mesa Directiva.

"Procederá la descripción de cada uno de los documentos y anexos que se acompañen con la solicitud ciudadana de consulta popular", se indica.

Los funcionarios del Congreso verificarán que las solicitudes incluyan el nombre completo de cada ciudadano, su firma o huella digital y cualquier dato que permita presumir que el peticionario está inscrito en el listado nominal de electores.

"Señalará con exactitud el número total de ciudadanos que habiendo proporcionado los datos y el documento señalados, solicitan la consulta popular", detalla.

Si la revisión confirma el cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Senado turnará la solicitud y la documentación a la Cámara baja, que podrá realizar una nueva revisión.

En caso de que la revisión arroje que no se cumplen los requerimientos establecidos en la Carta Magna, el Senado dará un plazo de 15 días hábiles a los peticionarios para subsanar las deficiencias.

La intención es que, de no cumplir los requisitos, el trámite ni siquiera sea turnado a otra instancia para que siga su curso.

CONTROLES ENERGÉTICOS

La bancada del PRD en el Senado anunció que en la discusión de la reforma energética impulsará la inclusión de controles y auditorías en tiempo real, para evitar que la apertura del sector al capital privado se preste a actos de corrupción.

De acuerdo con un análisis del grupo parlamentario, los perredistas intensificarán el debate y las negociaciones con el resto de las bancadas, para tratar de incidir en la redacción de los cambios a las 21 leyes secundarias que serán analizadas las próximas semanas.

"Debemos participar en la elaboración de la legislación secundaria para asegurar controles democráticos, reglas de transparencia, que habrá auditorías y que se conocerá el destino y el manejo de la renta petrolera, además de garantizar que se sancione la corrupción", indica el documento, elaborado por Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada.

Claudia Guerrero, Reforma, 13 de enero.