Debido a la falta de competencia, un regulador débil y un sistema jurídico-legal que permite a las empresas evadir decisiones de las autoridades, se estima que la pérdida de bienestar de los consumidores en el sector mexicano de las telecomunicaciones cada año equivale a 1.8% del PIB, un porcentaje que representa 25 mil 800 millones de dólares anuales.
De acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre políticas y regulación en telecomunicaciones en México, que se presentará el día de hoy, se estima que en el periodo que va de 2005 a 2009 los consumidores mexicanos perdieron 129 mil 200 millones de dólares debido a vicios y distorsiones que prevalecen en el mercado.
En otras palabras, cada año cada consumidor tiene que pagar un sobrecosto de 240 dólares (más de 3 mil pesos) debido al poder sin contrapeso de empresas dominantes en el mercado de telecomunicaciones.
El documento, que filtró Wikileaks México el viernes por la tarde y que fue confirmado por EL UNIVERSAL ante la Cofetel, indica que en el país la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a la economía mexicana y que inciden de manera negativa en el bienestar de los consumidores.
El documento asegura que a diferencia de la mayoría de los países miembros de la OCDE, en México las decisiones a favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia de regulación.
Si bien en los últimos años se han adoptado iniciativas para propiciar más competencia, en todos los segmentos del mercado hay una empresa dominante, que presenta una participación de mercado superior a sus competidores, indicó la OCDE.
De acuerdo con el informe, la Cofetel carece de suficientes facultades y autonomía para ejercer en forma efectiva sus responsabilidades.
La falta de una clara división entre formulación de políticas y funciones de regulación, junto con complicados procedimientos interinstitucionales, multiplicó la interposición de impugnaciones legales y ha creado confusión y frena la competencia.
Una de las principales barreras para la competencia es que las decisiones regulatorias no se acatan o se suspenden en tribunales.
“Los operadores dominantes se han favorecido del débil marco institucional vigente al abusar del singular sistema de amparo mexicano, en virtud del cual las decisiones de regulación que son sometidas a revisión judicial se suspenden a favor del recurrente”, según la OCDE.
Ramiro Alonso, El Universal, 30 de enero.
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