Acusa el PRI desvíos de Osuna a 'Kiko' Vega

El Gobernador de Baja California, el panista José Guadalupe Osuna Millán, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) porque presuntamente encabeza una operación para favorecer a Francisco "Kiko" Vega, aspirante de la alianza PAN-PRD a la Gubernatura.

El presidente del Congreso de Baja California, el priista Gregorio Carranza Hernández, afirmó que la operación incluye a 600 funcionarios públicos y una partida presupuestal de mil 300 millones de pesos, además de la utilización de vehículos oficiales y el pago a un call center para llamar a votar en favor del panista.

En la Ciudad de México, el diputado Carranza, quien aseguró que tenía el mandato del Congreso estatal para presentar la denuncia, dio a conocer el hecho durante una conferencia de prensa, antes de acudir a la Fepade.

Ayer mismo, por la tarde, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, presentó el caso en una conferencia de prensa en la que acusó directamente a Osuna y a sus colaboradores de pretender desarrollar una elección de Estado el próximo domingo, para cargar los dados hacia el blanquiazul.

"Atentando contra el libre ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos bajacalifornianos, se pretende inducir, se pretende desviar, se pretende influir en el ánimo del electorado.

"Esto demuestra no sólo la ilegalidad de la medida, sino la absoluta carencia de ética política de parte de quienes suelen rasgarse las vestiduras a través de denuncias que no son capaces de respaldar con documentos, con pruebas, con argumentos sólidos", dijo el dirigente nacional priista.

Según Camacho, el presunto desvío se ha dado a través de mecanismos financieros, estructuras paralelas y programas gubernamentales como el de Empleo Temporal.

Como ejemplo expuso que se destinaron sueldos de entre 12 y 20 mil pesos, con cargo a ese programa, para coordinadores y brigadistas de campaña encargados, dijo, de operaciones ilegales.

"Es un plan pernicioso, malintencionado, que pretende alterar la voluntad de los bajacalifornianos. El mayor de los daños es a la ciudadanía. Que los responsables den la cara frente a las autoridades competentes y carguen con las consecuencias de una conducta francamente ilegal", demandó Camacho.

En la argumentación que el presidente del Congreso del Estado entregó en la Fepade se señala que el operativo tiene por nombre Ruta Baja Azul, que su implementación habría sido ordenada por Osuna y que fue operada desde la Secretaría General de Gobierno.

Entre los funcionarios acusados por Carranza ante la Fepade están los secretarios estatales de Salud, Educación Pública y Desarrollo Económico.

Antonio Baranda y Mayolo López, Reforma, 2 de julio.