Grupo Proisi ha sido beneficiario de contratos millonarios sin licitación

El Grupo Proisi ha generado impugnaciones de los partidos políticos no sólo por errores e inconsistencias en los cómputos de votos –como ocurre con las anomalías denunciadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Baja California–, sino también por ser beneficiario de contratos sin pasar por procesos de licitación.
Creado en 1996 en Saltillo, Coahuila, por Carlos Treviño Martínez para la venta de equipos de cómputo e incluso de papelería, de acuerdo con la escritura en poder del Instituto Electoral de Guerrero, en cuatro años se convirtió en poderoso proveedor del servicio del PREP, y ha participado en 47 procesos.
Desde 2000 ha sido señalado por recibir contratos directos en Yucatán; en Durango en 2010; en Chiapas, donde ganó más de 10 millones de pesos en 2012, y en Puebla este año, de acuerdo con información periodística.
En Yucatán, Felipe Solís Acero, entonces secretario general de elecciones del PRI, tuvo que parar la contratación, porque estaba “fuera de toda norma legal”, ya que la ley de adquisiciones del estado establecía que los contratos de este tipo debían realizarse mediante licitación pública para que concursaran diversas empresas.
No hay estado donde Proisi haya participado sin recibir algún cuestionamiento. Incluso en Veracruz fue motivo de caricaturas humorísticas. El portal lapolitica.mx publicó un cartón en el que aparece un hombre con portafolios bajo el brazo, con la leyenda “PAN”, quien exclama: “No cumplieron, nos quejaremos”, mientras un ratón que tiene un letrero con la palabra Proisi responde: “Uy, qué miedo”.
Esto se debe a que en esta entidad Proisi tiene un historial de quejas. Ahí el PAN se inconformó ante el Instituto Electoral de Veracruz para que amonestara a la empresa coahuilense por “el fraude” que cometió en las elecciones del 4 de julio de 2010, ya que no se digitalizaron de inmediato las actas de escrutinio, hubo incongruencias en los datos y el PREP “se cayó” más de tres veces.
Aquella vez compitieron el actual gobernador, el priísta Javier Duarte, y Miguel Ángel Yunes, por el PAN.
El 7 de noviembre de 2011, el representante general ante los órganos electorales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Veracruz, Víctor Manuel Sánchez Rebolledo, envió una carta al instituto electoral de Sonora para alertarlo sobre las anomalías. Explicó que el sistema “se cayó más de ocho horas”, lo que Proisi atribuyó a un ataque de hackers.
En Puebla, este año Proisi recibió 16 millones de pesos, también mediante adjudicación directa, para hacerse cargo del PREP, no obstante que presentó deficiencias en la captura de los resultados de 2007. Miguel Jiménez López, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, argumentó que se le adjudicó el contrato directo por seguir el “criterio de especialización”.
Durante 2010 fue motivo de polémica en varios procesos electorales. En Oaxaca, 10 días antes de las elecciones fallaron los simulacros y Javier Corral, diputado federal por el PAN y delegado en la entidad, acusó a Proisi, porque “no solamente está en sintonía, en afinidad política con el gobernador Ulises Ruiz; es además técnicamente una empresa ineficiente, incapaz”. Luego Carlos y su hermano Abel Treviño Ramírez, directores del grupo, se quejaron de ser víctimas de una calumnia, según la prensa local.
José Rosas Aispuro, entonces candidato del PRD, acusó a quien era gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, de haber contratado a Proisi –empresa que le había dado el triunfo al mandatario– para manipular los resultados en favor de Jorge Herrera Caldera.
También PRD, PT, Panal y PRI en Tamaulipas pidieron una explicación a la empresa, porque el PREP tenía inconsistencias: el número de votantes disminuía en cada actualización que presentaba el sistema.
Con el título: “Proisi, ¿fraude electoral o desvío de recursos?”, en Chiapas se denunció la contratación de dicha compañía en las elecciones de 2012, en medio de la opacidad, ya que el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se negó a revelar el monto del pago, que se estimaba superior a 16 millones de pesos en las elecciones de 2010.

Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 11 de julio.