'Quien extraiga crudo debe pagar derechos'

Ricardo Anaya, vicecoordinador de los diputados panistas, explicó que la iniciativa de reforma energética que impulsa su partido plantea modificar el actual régimen fiscal de la industria petrolera.

Entrevistado por REFORMA, precisó que tales ajustes se darían mediante una reducción paulatina de la actual carga fiscal de Pemex y con el cobro de un derecho de extracción de hidrocarburos y la aplicación de Impuesto sobre la Renta (ISR).

Al derecho de extracción diferenciado se sumaría el cobro del ISR para todas las empresas, incluida la paraestatal, explicó.

"En específico, el régimen fiscal (implica que) quien extraiga hidrocarburos, que jamás serán propiedad de las empresas extractoras -el gas y el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos-, tendrá que pagar derechos de extracción, pero, además, el ISR sobre las utilidades que obtengan".

Este derecho de extracción, añadió, en principio quedaría consignado en la Constitución, pero sus montos serían determinados en las leyes secundarias.

"La reforma constitucional no lo establecería. En esta primera etapa no llegaríamos a ese nivel de especificidad; no queremos un camisa de fuerza de esa naturaleza. En principio, estamos pensando en las tasas actuales de ISR, pero es algo que tendríamos que revisar, en primer lugar, a nivel de ley secundaria y, en segundo lugar, en el marco de la discusión fiscal que se da cada año, pues las condiciones económicas varían de un año a otro", expuso Anaya.

Sobre el ISR petrolero, el actual vicepresidente de la Comisión Permanente dijo que, para Pemex y para los empresarios del sector privado, se establecería una tasa del orden de 30 por ciento, similar al de otras áreas productivas, anualmente ajustable en función de la actividad económica del País.

En el caso de Pemex, plantean que en un periodo de 10 años reduzca su actual carga fiscal, que significa más de 60 por ciento de sus ingresos, a una similar a la de otras empresas privadas que participen en el sector, de alrededor de 30 por ciento.

"Eso significaría una reducción sustancial. ¿De cuánto exactamente? Dependerá de cómo corran los modelos econométricos para calcular, en cada caso, los derechos de extracción, porque estos derechos no serán la constante en todo tipo de yacimientos. Los derechos de extracción tendrán que ir acorde a los riesgos y a los beneficios en cada tipo de yacimiento", apuntó.

Actualmente, apuntó, 30 por ciento de todo el gasto público está financiado con recursos de Pemex, de manera que la transformación de su régimen fiscal debe ser gradual pero sostenida.

Consideró que una vía para compensar la reducción de ingresos que tendría el Estado por esta transición de Pemex sería a través del cobro de los derechos de extracción.

"Estamos proponiendo apertura a la competencia mediante un régimen de concesiones tanto para exploración, producción de hidrocarburos como refinación, petroquímica y transporte.

"Un régimen de concesiones que se maneje a través de un órgano constitucional autónomo, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos; que haya una primera ronda cero en donde Pemex pueda confirmar todas las concesiones que ahora está operando, principalmente en yacimientos convencionales, y que las nuevas concesiones sean asignadas a través de procesos de licitación abiertos a Pemex, pero también a empresas público-privadas, asociaciones público-privadas y a empresas privadas", indicó el legislador del blanquiazul, uno de los operadores de la reforma petrolera.

Guadalupe Irízar, Reforma, 20 de julio.