Washington, 24 de febrero. El estado de derecho en Venezuela se ha debilitado por la falta de separación de los poderes y hay “serias restricciones” a los derechos humanos, estimó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe divulgado hoy.
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, desestimó el informe calificándolo de “difamación” y compromiso con las “políticas imperiales”.
En el documento de casi 300 páginas se denuncia un “debilitamiento del estado de derecho y la democracia en Venezuela”, que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
El Estado no ha “garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno”. señala.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
Destacó que el informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, pues Caracas se niega a permitirla desde 2002 porque el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló después del golpe militar de abril de 2002, que luego fracasó.
“La CIDH forma parte de una urdimbre de burócratas de los derechos humanos comprometida con las políticas imperiales”, aseguró Chaderton durante una entrevista con la televisora Telesur.
Es “una difamación porque llega a conclusiones sobre la base de intereses políticos, de un análisis superficial de las denuncias y de una acumulación rápida y muy voluminosa de expedientes para hacer prácticamente imposible al gobierno responder”, afirmó.
“Forma parte del trajecito que poco a poco nos están elaborando con el interés de crear una ficción sobre Venezuela”, añadió.
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, desestimó el informe calificándolo de “difamación” y compromiso con las “políticas imperiales”.
En el documento de casi 300 páginas se denuncia un “debilitamiento del estado de derecho y la democracia en Venezuela”, que “ha tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos” en el país.
El Estado no ha “garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno”. señala.
Como ejemplos, la CIDH señaló la inhabilitación por la Contraloría General de 260 candidatos, la mayoría opositores, para las elecciones regionales de 2008, mientras que a varios funcionarios electos en esos comicios les fueron restringidas sus funciones.
Destacó que el informe fue elaborado sin una visita de observación a Venezuela, pues Caracas se niega a permitirla desde 2002 porque el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, reconoció el gobierno de facto que se instaló después del golpe militar de abril de 2002, que luego fracasó.
“La CIDH forma parte de una urdimbre de burócratas de los derechos humanos comprometida con las políticas imperiales”, aseguró Chaderton durante una entrevista con la televisora Telesur.
Es “una difamación porque llega a conclusiones sobre la base de intereses políticos, de un análisis superficial de las denuncias y de una acumulación rápida y muy voluminosa de expedientes para hacer prácticamente imposible al gobierno responder”, afirmó.
“Forma parte del trajecito que poco a poco nos están elaborando con el interés de crear una ficción sobre Venezuela”, añadió.
La Jornada, 25 de febrero.
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