La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que impone penas de 20 a 70 años de cárcel a plagiarios y prevé el resarcimiento del daño a las víctimas.
Con 353 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, los diputados de PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza manifestaron su adhesión a la nueva ley, que obliga al Ministerio Público a actuar de oficio.
Al presentar la propuesta de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública y ante la presencia de Isabel Wallace y Alejandro Martí, los diputados Cirino Valdés y José Luis Ovando Patrón señalaron que permite el resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas con la creación de un Fondo y de 32 unidades estatales antiplagios.
La ley tipifica diversas modalidades como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén y también establece la imprescriptibilidad del delito.
"Se trata de una ley general que distribuye competencias entre los diferentes órdenes de gobierno, se tipifican diversas conductas en materia de secuestro distinguiendo cada una y graduando su penalidad -según la gravedad- sin llegar a excesos como cadena perpetua o pena de muerte", dijo el priista Valdés.
El panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, calificó la ley como urgente ante un fenómeno que se elevó en un 317 por ciento y costó la vida a 168 personas en apenas dos años.
El priista Humberto Benítez Treviño justificó las penas de hasta 70 años que contempla la ley. "No es la sociedad, es quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida, la tortura, por eso se justifican las altas penas".
La perredista Dolores de los Ángeles Nazares consideró que se requiere que los policías, peritos y equipo técnico encargados de investigar los delitos de secuestro sea personal certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Antes de la votación, el Pleno guardó un minuto de silencio por las personas que han fallecido por este delito, a petición del panista Camilo Ramírez Puente.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Luis Videgaray dijo que analizan 160 millones de pesos para la creación del fondo en el Presupuesto de Egresos para el próximo año.
Acuden Wallace y Martí
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro" y Alejandro Martí, presidente de México SOS se congratularon porque luego de tres meses de discusión, se dan nuevas herramientas a la PGR para luchar contra los secuestros y se otorgan recursos para la protección de las víctimas.
"Me siento muy satisfecho, porque ha habido una recepción muy importante del Congreso hacia los ciudadanos, porque edificamos juntos y todavía nos dimos tiempo para aportar nuevas reformas y detalles que necesitamos", dijo Martí.
Aún así, Wallace consideró que se tiene que ir más allá para prohibir las operaciones encubiertas, establecer una multa relevante a las telefónicas que se nieguen a entregar información y reformar la ley de amparo.
Martí precisó que estarán revisando también el desempeño de los jueces.
Nuevas herramientas
El Congreso aprobó ayer la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
· Tipifica diversas modalidades, como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén.
· Establece la imprescriptibilidad del delito y obliga al Ministerio Público a actuar de oficio.
· Crea un fondo para la reparación del daño con 98.7 millones de pesos.
· Establece penas de 20 a 40 años para un secuestro "normal"; de 25 a 45 para secuestro exprés; de 25 a 55 años cuando intervengan familiares, se allane el domicilio o se ejerza violencia o participen elementos de corporaciones policiacas, de procuración o administración de justicia.
· Permite al MP embargar bienes del sentenciado cuyo valor equivale a la reparación del daño.
· Niega la libertad preparatoria a quienes trafiquen con menores de edad.
Con 353 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones, los diputados de PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza manifestaron su adhesión a la nueva ley, que obliga al Ministerio Público a actuar de oficio.
Al presentar la propuesta de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública y ante la presencia de Isabel Wallace y Alejandro Martí, los diputados Cirino Valdés y José Luis Ovando Patrón señalaron que permite el resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas con la creación de un Fondo y de 32 unidades estatales antiplagios.
La ley tipifica diversas modalidades como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén y también establece la imprescriptibilidad del delito.
"Se trata de una ley general que distribuye competencias entre los diferentes órdenes de gobierno, se tipifican diversas conductas en materia de secuestro distinguiendo cada una y graduando su penalidad -según la gravedad- sin llegar a excesos como cadena perpetua o pena de muerte", dijo el priista Valdés.
El panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, calificó la ley como urgente ante un fenómeno que se elevó en un 317 por ciento y costó la vida a 168 personas en apenas dos años.
El priista Humberto Benítez Treviño justificó las penas de hasta 70 años que contempla la ley. "No es la sociedad, es quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida, la tortura, por eso se justifican las altas penas".
La perredista Dolores de los Ángeles Nazares consideró que se requiere que los policías, peritos y equipo técnico encargados de investigar los delitos de secuestro sea personal certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Antes de la votación, el Pleno guardó un minuto de silencio por las personas que han fallecido por este delito, a petición del panista Camilo Ramírez Puente.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Luis Videgaray dijo que analizan 160 millones de pesos para la creación del fondo en el Presupuesto de Egresos para el próximo año.
Acuden Wallace y Martí
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro" y Alejandro Martí, presidente de México SOS se congratularon porque luego de tres meses de discusión, se dan nuevas herramientas a la PGR para luchar contra los secuestros y se otorgan recursos para la protección de las víctimas.
"Me siento muy satisfecho, porque ha habido una recepción muy importante del Congreso hacia los ciudadanos, porque edificamos juntos y todavía nos dimos tiempo para aportar nuevas reformas y detalles que necesitamos", dijo Martí.
Aún así, Wallace consideró que se tiene que ir más allá para prohibir las operaciones encubiertas, establecer una multa relevante a las telefónicas que se nieguen a entregar información y reformar la ley de amparo.
Martí precisó que estarán revisando también el desempeño de los jueces.
Nuevas herramientas
El Congreso aprobó ayer la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
· Tipifica diversas modalidades, como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehén.
· Establece la imprescriptibilidad del delito y obliga al Ministerio Público a actuar de oficio.
· Crea un fondo para la reparación del daño con 98.7 millones de pesos.
· Establece penas de 20 a 40 años para un secuestro "normal"; de 25 a 45 para secuestro exprés; de 25 a 55 años cuando intervengan familiares, se allane el domicilio o se ejerza violencia o participen elementos de corporaciones policiacas, de procuración o administración de justicia.
· Permite al MP embargar bienes del sentenciado cuyo valor equivale a la reparación del daño.
· Niega la libertad preparatoria a quienes trafiquen con menores de edad.
Carole SImonnet y Claudia Salazar, Reforma, 8 de octubre.
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