Buscan frenar trata en AL

Ante la amenaza que representa el crimen organizado para los migrantes, los gobiernos del continente —desde Canadá hasta Argentina—, analizan la necesidad de homologar el delito de trata de personas para poder juzgar a estas redes transnacionales bajo un mismo esquema legal, que impida que los casos queden impunes sin importar el territorio en el que se perpetran ilícitos conexos a este fenómeno, como el secuestro y la extorsión.

Este es uno de los temas que se negociaron ayer en el marco de la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los Migrantes —que tuvo como sede la Secretaría de Relaciones Exteriores—, a fin de contar con un plan de acción conjunto para impedir que se repitan tragedias como el asesinato de los 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas.

Al inaugurar el encuentro, el secretario de Gobernación, Franciso Blake, dijo que “el secuestro y extorsión de migrantes por parte de la delincuencia organizada transnacional nos demandan a todos los países de la región de origen, tránsito y desti-no a hacer un frente común para enfrentar de manera enérgica a los grupos criminales”.

En la reunión además de México participaron representantes de 16 países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Argentina, así como autoridades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Funcionarios que participaron en el encuentro, destacaron que una de las propuestas que generaron mayor consenso es la necesidad de contar con herramientas jurídicas sólidas para poder atacar a estos grupos criminales.

Uno de los casos que se presentó como ejemplo, fue el de Colombia, donde el año pasado registraron 139 casos de trata de personas, pero sólo 75 fueron llevados a tribunales, pues la acción jurídica implicaba la intervención de otros países donde también se cometió el delito, pero la falta de legislación en la materia impidió procesar a los responsables.

Los participantes consultados indicaron que la propuesta fue bien recibida, por lo que se buscará impulsar la homologación del delito de trata e ilícitos conexos como el secuestro y la extorsión, para que el tema sea discutido en el seno de la OEA y aprobado por el organismo, para que los países de la región estén obligados a hacer compatibles sus legislaciones y los integrantes de estas redes trasnacionales puedan ser juzgados en cualquiera de estas naciones.

La medida es de largo plazo, tan sólo en México aunque desde el 2007 se publicó una ley federal de trata de personas, cinco estados tienen la propia, 22 tipificaron el delito en sus códigos penale y cinco no lo prevén.

Incluso el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, al comparecer esta semana ante la Cámara de Diputados reconoció que “el esfuerzo que se ha hecho no es el que se necesita para ser eficaz en el combate al delito de trata (…) la normatividad en los estados, es disímbola, incluso existen entidades donde esto ni siquiera está tipificado y eso no puede ser, ha habido algunos logros, pero son muy pobres, atento al tamaño del fenómeno y al daño que causan”.

Blake aseguró que el gobierno de México expresa “su más alta condena al secuestro y asesinato de migrantes y reconoce la necesidad de reforzar de manera urgente las medidas para erradicar estas actividades criminales”.

Silvia Otero, La Crónica, 9 de octubre.