La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano por las violaciones sexuales que realizaron militares en contra de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
En las sentencias se exige al Estado mexicano castigar a los responsables ante la justicia civil, reparar el daño y garantizar la seguridad de Inés Fernández y Valentina Rosendo. En 2002, las indígenas me´phaa, originarias del estado de Guerrero, fueron violadas por elementos del Ejército mexicano.
Durante la tarde de ayer, la CoIDH notificó las sentencias al Estado mexicano, así como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que brindaron asesoría legal a Inés y Valentina.
En entrevista, Alejandra Nuño, abogada de Cejil, destacó que con la sentencia se reconoce que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército en 2002. Hechos que el Estado mexicano había negado.
Reparación del daño
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, explicó en entrevista que las sentencias establecen que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos humanos de Inés y Valentina, por permitir la impunidad de los responsables, quienes actualmente están siendo investigados por el fuero militar.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humamos de la Montaña Tlachinollan, destacó que la sentencia obliga al Estado mexicano a vigilar que los militares responsables sean procesados ante una autoridad civil, que “se les sancione, se castigue y sentencie”.
Nuño y Aguirre explicaron que las medidas ordenadas por la Corte son la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil.
También se ordena realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño hacia Inés y Valentina, con atención médica y psicológica para ellas y sus familiares.
La CoIDH pide al Estado mexicano que tome medidas para que hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres. Para ello, se le exige contar con servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual y la capacitación de funcionarios.
Además, la Corte ordenó el establecimiento de un centro comunitario para la mujer, en el estado de Guerrero.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las sentencias de la CoIDH son definitivas, por lo que el Estado no puede impugnarlas.
“Las autoridades de los tres niveles son las responsables de cumplir con esta sentencia”, mencionó Abel Barrera.
Consecuencias de militarización
Los casos de Inés y Valentina son “paradigmáticos, porque muestran lo que hemos venido denunciado: los abusos que ha ocasionado la militarización en el país”, aseguró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humamos de la Montaña Tlachinollan.
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, destacó que las sentencias de la CoIDH reflejan los rezagos que existen en México para el acceso a la justicia para las mujeres. Así como los obstáculos que enfrentan las víctimas y las organizaciones indígenas que denuncian violaciones de derechos humanos.
También, dijo, muestran las consecuencias de que el ejército realice tareas que no son propias.
Los abogados de las organizaciones solicitaran al gobierno mexicano que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“Hacemos un llamado para que se cumplan de manera seria las sentencia, fundamentales para el avance de los derechos humanos en México”, señaló la abogada Alejandra Nuño.
En menos de dos años, el Estado méxico ha recibido cuatro sentencias en su contra. Además de los casos de Inés y Valentina, está la sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en la década de los 70 (2009) y el caso conocido como “Campo Algodonero” (2009), el cual tiene que ver con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Después de Colombia, México es el país con mayor número de casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En las sentencias se exige al Estado mexicano castigar a los responsables ante la justicia civil, reparar el daño y garantizar la seguridad de Inés Fernández y Valentina Rosendo. En 2002, las indígenas me´phaa, originarias del estado de Guerrero, fueron violadas por elementos del Ejército mexicano.
Durante la tarde de ayer, la CoIDH notificó las sentencias al Estado mexicano, así como al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que brindaron asesoría legal a Inés y Valentina.
En entrevista, Alejandra Nuño, abogada de Cejil, destacó que con la sentencia se reconoce que Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército en 2002. Hechos que el Estado mexicano había negado.
Reparación del daño
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, explicó en entrevista que las sentencias establecen que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos humanos de Inés y Valentina, por permitir la impunidad de los responsables, quienes actualmente están siendo investigados por el fuero militar.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humamos de la Montaña Tlachinollan, destacó que la sentencia obliga al Estado mexicano a vigilar que los militares responsables sean procesados ante una autoridad civil, que “se les sancione, se castigue y sentencie”.
Nuño y Aguirre explicaron que las medidas ordenadas por la Corte son la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil.
También se ordena realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño hacia Inés y Valentina, con atención médica y psicológica para ellas y sus familiares.
La CoIDH pide al Estado mexicano que tome medidas para que hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres. Para ello, se le exige contar con servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual y la capacitación de funcionarios.
Además, la Corte ordenó el establecimiento de un centro comunitario para la mujer, en el estado de Guerrero.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las sentencias de la CoIDH son definitivas, por lo que el Estado no puede impugnarlas.
“Las autoridades de los tres niveles son las responsables de cumplir con esta sentencia”, mencionó Abel Barrera.
Consecuencias de militarización
Los casos de Inés y Valentina son “paradigmáticos, porque muestran lo que hemos venido denunciado: los abusos que ha ocasionado la militarización en el país”, aseguró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humamos de la Montaña Tlachinollan.
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, destacó que las sentencias de la CoIDH reflejan los rezagos que existen en México para el acceso a la justicia para las mujeres. Así como los obstáculos que enfrentan las víctimas y las organizaciones indígenas que denuncian violaciones de derechos humanos.
También, dijo, muestran las consecuencias de que el ejército realice tareas que no son propias.
Los abogados de las organizaciones solicitaran al gobierno mexicano que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física de Inés Fernández y Valentina Rosendo.
“Hacemos un llamado para que se cumplan de manera seria las sentencia, fundamentales para el avance de los derechos humanos en México”, señaló la abogada Alejandra Nuño.
En menos de dos años, el Estado méxico ha recibido cuatro sentencias en su contra. Además de los casos de Inés y Valentina, está la sentencia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en la década de los 70 (2009) y el caso conocido como “Campo Algodonero” (2009), el cual tiene que ver con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Después de Colombia, México es el país con mayor número de casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Thelma Gómez, La Crónica, 2 de octubre.
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