La Cámara de Diputados aprobó ayer con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Ley Antisecuestro que persigue de oficio este delito e impone sanciones hasta por 70 años de cárcel a quien mate o mutile a las personas plagiadas; además, crea un fondo para atención a víctimas y tipifica el secuestro express y el autosecuestro.
De igual forma, la ley avalada faculta al procurador general de la República, a los procuradores estatales y al del Distrito Federal a intervenir comunicaciones privadas hasta por seis meses para fines de investigación.
El texto señala expresamente que las penas se incrementarán de 25 a 50 años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, si tienen vínculos de parentesco o amistad con la víctima y si durante el cautiverio se lesiona a la misma.
Para el caso de autosecuestro, se establecen penas de dos a ocho años de prisión y de 100 a 350 jornadas de trabajo comunitario, lo mismo que para quienes simulen la privación de su libertad.
La llamada Ley Antisecuestro dispondrá para 2011 de recursos por 98 millones 700 mil pesos para la constitución de un fondo para la atención a las víctimas, si bien el impacto global alcanzará los 160 millones de pesos, según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Luis Videgaray, del PRI.
El pasado 8 de febrero el presidente Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa de ley antisecuestro, que contempla, de igual forma, la colocación de dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que, por mal estado de salud o senilidad, no puedan purgar su condena en la cárcel.
El priista Josué Valdés Huezo fundamentó el dictamen y desde tribuna enlistó las bondades de este conjunto de reformas a siete leyes y ordenamientos secundarios, que castigan hasta con 70 años de prisión si durante el secuestro la víctima ha sido torturada o violada; que durante el cautiverio la victima muera por alteración de su salud debido al secuestro.
Valdés Huezo aseguró que “prácticamente se federaliza” el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir, se considerará delincuencia organizada.
Por el PAN, fundamentó el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado José Luis Ovando, quien subrayó que “en dos años un total de 168 familias perdieron a un ser querido, mientras que en los últimos cinco años el delito del secuestro se incrementó en 317 por ciento”.
Subrayó que con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se da protección a las víctimas de este delito; se establecen y estandarizan los tipos penales, y se fortalece la participación de la sociedad civil.
LEY ANTISECUESTRO. Prevé reducción de sanciones en los casos de que el secuestrador, por cualquier circunstancia, denuncie el hecho ante la autoridad y permita con ello que la víctima sea rescatada con vida, por lo que recibirá una pena de dos a seis años de prisión.
La misma sanción tendrá quien habiendo participado en el secuestro, avise a la autoridad para que se evite la comisión del delito y ofrezca datos contra los secuestradores antes de que la víctima sea liberada.
Idéntica sanción se aplicará a quien espontáneamente libere a la persona secuestrada dentro de los tres días siguientes a la privación de la libertad.
En caso de que la liberación se de dentro de los primeros 10 días, la sanción será de ocho a 15 años de prisión.
APLAUDEN WALLACE Y MARTÍ. - Durante la sesión plenaria estuvieron presentes la señora Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, fuertes promotores de la Ley Antisecuestro, quienes se congratularon por la aprobación del dictamen y coincidieron en que “México tiene hoy una mejor ley para combatir y sancionar el secuestro, si bien no garantiza la erradicación del delito”, dijo Martí.
Por su parte, la presidenta de la organización México S.O.S., Isabel Miranda de Wallace, destacó que con esta ley “habrá transparencia en las estadísticas de las denuncias, ya que está previsto que el sistema nacional suba estadísticas del secuestro a internet, además de que la federación ya tendrá la facultad de intervenir en los ilícitos cometidos en los estados de la república, siempre y cuando el Estado no los pueda resolver”.
De igual forma, la ley avalada faculta al procurador general de la República, a los procuradores estatales y al del Distrito Federal a intervenir comunicaciones privadas hasta por seis meses para fines de investigación.
El texto señala expresamente que las penas se incrementarán de 25 a 50 años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, si tienen vínculos de parentesco o amistad con la víctima y si durante el cautiverio se lesiona a la misma.
Para el caso de autosecuestro, se establecen penas de dos a ocho años de prisión y de 100 a 350 jornadas de trabajo comunitario, lo mismo que para quienes simulen la privación de su libertad.
La llamada Ley Antisecuestro dispondrá para 2011 de recursos por 98 millones 700 mil pesos para la constitución de un fondo para la atención a las víctimas, si bien el impacto global alcanzará los 160 millones de pesos, según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Luis Videgaray, del PRI.
El pasado 8 de febrero el presidente Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa de ley antisecuestro, que contempla, de igual forma, la colocación de dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que, por mal estado de salud o senilidad, no puedan purgar su condena en la cárcel.
El priista Josué Valdés Huezo fundamentó el dictamen y desde tribuna enlistó las bondades de este conjunto de reformas a siete leyes y ordenamientos secundarios, que castigan hasta con 70 años de prisión si durante el secuestro la víctima ha sido torturada o violada; que durante el cautiverio la victima muera por alteración de su salud debido al secuestro.
Valdés Huezo aseguró que “prácticamente se federaliza” el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir, se considerará delincuencia organizada.
Por el PAN, fundamentó el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado José Luis Ovando, quien subrayó que “en dos años un total de 168 familias perdieron a un ser querido, mientras que en los últimos cinco años el delito del secuestro se incrementó en 317 por ciento”.
Subrayó que con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro se da protección a las víctimas de este delito; se establecen y estandarizan los tipos penales, y se fortalece la participación de la sociedad civil.
LEY ANTISECUESTRO. Prevé reducción de sanciones en los casos de que el secuestrador, por cualquier circunstancia, denuncie el hecho ante la autoridad y permita con ello que la víctima sea rescatada con vida, por lo que recibirá una pena de dos a seis años de prisión.
La misma sanción tendrá quien habiendo participado en el secuestro, avise a la autoridad para que se evite la comisión del delito y ofrezca datos contra los secuestradores antes de que la víctima sea liberada.
Idéntica sanción se aplicará a quien espontáneamente libere a la persona secuestrada dentro de los tres días siguientes a la privación de la libertad.
En caso de que la liberación se de dentro de los primeros 10 días, la sanción será de ocho a 15 años de prisión.
APLAUDEN WALLACE Y MARTÍ. - Durante la sesión plenaria estuvieron presentes la señora Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, fuertes promotores de la Ley Antisecuestro, quienes se congratularon por la aprobación del dictamen y coincidieron en que “México tiene hoy una mejor ley para combatir y sancionar el secuestro, si bien no garantiza la erradicación del delito”, dijo Martí.
Por su parte, la presidenta de la organización México S.O.S., Isabel Miranda de Wallace, destacó que con esta ley “habrá transparencia en las estadísticas de las denuncias, ya que está previsto que el sistema nacional suba estadísticas del secuestro a internet, además de que la federación ya tendrá la facultad de intervenir en los ilícitos cometidos en los estados de la república, siempre y cuando el Estado no los pueda resolver”.
Luciano Franco, La Crónica, 8 de octubre.
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