GUADALAJARA.— El gobierno ha ganado los litigios en contra de la licitación del espectro, pero sólo en la parte de las suspensiones, pues aún hace falta que las autoridades judiciales se pronuncien sobre el fondo de estas impugnaciones, proceso que tardará unos meses más, dijo Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Cofetel.
“Se le perdió el miedo a los litigios”, dijo, pero reconoció que se debe capitalizar la experiencia vivida en estos concursos y hacer cambios en los procesos hacia futuras licitaciones.
Entrevistado en el marco de la 18 Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el funcionario dijo que si al resolver sobre el fondo de los litigios, los jueces determinan dar la razón a las empresas de Grupo Salinas, es decir, que los operadores sí pudieron haber participado por más espectro, no habrá problema, pues quedaron 30 Mhz que se pueden asignar, señaló el funcionario.
Respecto a la solicitud hecha la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cofetel para que le entregue la información sobre el proceso licitatorio, Martínez Pous dijo que esta autoridad entregará todos los elementos que le permitan conocer el tema.
Consideró que al tener dicha información, la ASF comprobará que el procedimiento se hizo apegado a la legalidad y conforme a las mejores prácticas internacionales, por lo que no se le causa un detrimento económico al Estado, sino al contrario.
La parte más relevante se dará cuando la ASF revise la Cuenta Publica el próximo año, dijo el comisionado, quien aseguró que los montos pagados en este concurso no fueron bajos, incluso si se compara con lo erogado en países como Chile o Canadá, se observa que el precio normalizado de Megahertz sobre población en la licitación 21 fue de 1.02 dólares, frente a 0.03 dólares y 1.86 dólares en aquellas naciones, respectivamente.
Respecto al diferencial de 40% entre lo que pagaron Telcel y Telefónica y el consorcio Nextel-Televisa, el funcionario dijo que en otras experiencias internacionales se ha presentado esta brecha entre los bloques reservados para nuevos entrantes y aquellos en los que pueden participar los establecidos.
Es el caso de Canadá, en donde esta asimetría fue de 29% en la asignación de la banda de 1.7 Ghz o de Reino Unido, con 27% en la banda de 1.9 Ghz.
El motivo de la controversia en la licitación es el límite de acumulación de espectro, pero los topes que restringen la participación de los incumbentes en ciertos bloques es una práctica internacional común en los concursos recientes para bandas de Tercera Generación (3G).
Fue un proceso coordinado dentro del gobierno, pero que se puede mejorar muchísimo, debido a que participan diversas instancias, manifestó.
“Se le perdió el miedo a los litigios”, dijo, pero reconoció que se debe capitalizar la experiencia vivida en estos concursos y hacer cambios en los procesos hacia futuras licitaciones.
Entrevistado en el marco de la 18 Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el funcionario dijo que si al resolver sobre el fondo de los litigios, los jueces determinan dar la razón a las empresas de Grupo Salinas, es decir, que los operadores sí pudieron haber participado por más espectro, no habrá problema, pues quedaron 30 Mhz que se pueden asignar, señaló el funcionario.
Respecto a la solicitud hecha la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cofetel para que le entregue la información sobre el proceso licitatorio, Martínez Pous dijo que esta autoridad entregará todos los elementos que le permitan conocer el tema.
Consideró que al tener dicha información, la ASF comprobará que el procedimiento se hizo apegado a la legalidad y conforme a las mejores prácticas internacionales, por lo que no se le causa un detrimento económico al Estado, sino al contrario.
La parte más relevante se dará cuando la ASF revise la Cuenta Publica el próximo año, dijo el comisionado, quien aseguró que los montos pagados en este concurso no fueron bajos, incluso si se compara con lo erogado en países como Chile o Canadá, se observa que el precio normalizado de Megahertz sobre población en la licitación 21 fue de 1.02 dólares, frente a 0.03 dólares y 1.86 dólares en aquellas naciones, respectivamente.
Respecto al diferencial de 40% entre lo que pagaron Telcel y Telefónica y el consorcio Nextel-Televisa, el funcionario dijo que en otras experiencias internacionales se ha presentado esta brecha entre los bloques reservados para nuevos entrantes y aquellos en los que pueden participar los establecidos.
Es el caso de Canadá, en donde esta asimetría fue de 29% en la asignación de la banda de 1.7 Ghz o de Reino Unido, con 27% en la banda de 1.9 Ghz.
El motivo de la controversia en la licitación es el límite de acumulación de espectro, pero los topes que restringen la participación de los incumbentes en ciertos bloques es una práctica internacional común en los concursos recientes para bandas de Tercera Generación (3G).
Fue un proceso coordinado dentro del gobierno, pero que se puede mejorar muchísimo, debido a que participan diversas instancias, manifestó.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 7 de septiembre.
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