Valentina Rosendo Cantú, una de las dos indígenas de Guerrero que hace ocho años fueron violadas por militares, al conocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que condena al Estado mexicano por esos hechos y le exige una investigación imparcial, por la justicia civil y no por la militar, dijo: “exijo que el gobierno cumpla la sentencia, si es que todavía le queda un poco de dignidad.
“Estoy aquí –aseveró Valentina Rosendo, violada por soldados cuando tenía 17 años– porque busco justicia; la justicia que el gobierno nunca quiso aceptar.
“Ocho militares me rodearon cuando me encontraba lavando ropa en el río que está cerca de mi casa, en el poblado Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de febrero de 2002. Dos de ellos me violaron.”
Al recordar y narrar el ultraje de que fue objeto, a Valentina se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas. Guardó silencio unos minutos, con el rostro agachado, y sobreponiéndose, continuó:
“Fue muy duro lo que me pasó. Por la violación me dejó mi esposo. En mi comunidad me discriminaron como mujer que ya no vale. Tengo miedo, no puedo regresar a mi pueblo. Me amenazaron los soldados, a mí y a mis papás. Han intentado secuestrar a mi hija, porque soy una mujer que ya no vale. Es muy doloroso recordar.”
En conferencia de prensa, la indígena insistió: “el gobierno me cerró las puertas de la justicia; el gobierno no quiso aceptar. Hace apenas tres días salió la justicia (la resolución de la Coidh, que condena al Estado mexicano por no haber investigado las denuncias de violación sexual de Valentina Rosendo Cantú, también por soldados)”.
Acompañada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, que llevaron su caso, primero ante la Comisión Interamericana (CIDH) y luego ante la Coidh, Valentina indicó: “anduve ocho años en busca de la justicia.
“El gobierno no me creyó, me cerró las puertas; el gobierno mando gente a amenazarme, en lugar de buscar a los culpables. Sabía que nosotras decíamos la verdad. Ahora que salió la verdad, quiero que el gobierno reconozca que se equivocó con dos mujeres indígenas.
“Pedimos justicia. Tengo esperanza porque en otros países fui escuchada. Ésa es la verdad, no lo que decía el gobierno, que nosotras no queríamos al Ejército en nuestras comunidades porque sembramos drogas. Mienten, los soldados suben a la montaña a violar a las mujeres; hay muchas que han sido violadas, pero no denuncian por miedo.”
Demandó: “que el gobierno reconozca que fueron militares los que me violaron, y que se investigue en instancias civiles y no en la justicia militar. Quiero que los soldados que me violaron vayan a la cárcel, y que no manden más gente a vigilarme a mí y a mis papás”, concluyó la indígena guerrerense.
“Estoy aquí –aseveró Valentina Rosendo, violada por soldados cuando tenía 17 años– porque busco justicia; la justicia que el gobierno nunca quiso aceptar.
“Ocho militares me rodearon cuando me encontraba lavando ropa en el río que está cerca de mi casa, en el poblado Barranca Bejuco, municipio de Ayutla de los Libres, el 16 de febrero de 2002. Dos de ellos me violaron.”
Al recordar y narrar el ultraje de que fue objeto, a Valentina se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas. Guardó silencio unos minutos, con el rostro agachado, y sobreponiéndose, continuó:
“Fue muy duro lo que me pasó. Por la violación me dejó mi esposo. En mi comunidad me discriminaron como mujer que ya no vale. Tengo miedo, no puedo regresar a mi pueblo. Me amenazaron los soldados, a mí y a mis papás. Han intentado secuestrar a mi hija, porque soy una mujer que ya no vale. Es muy doloroso recordar.”
En conferencia de prensa, la indígena insistió: “el gobierno me cerró las puertas de la justicia; el gobierno no quiso aceptar. Hace apenas tres días salió la justicia (la resolución de la Coidh, que condena al Estado mexicano por no haber investigado las denuncias de violación sexual de Valentina Rosendo Cantú, también por soldados)”.
Acompañada por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Alejandra Nuño, que llevaron su caso, primero ante la Comisión Interamericana (CIDH) y luego ante la Coidh, Valentina indicó: “anduve ocho años en busca de la justicia.
“El gobierno no me creyó, me cerró las puertas; el gobierno mando gente a amenazarme, en lugar de buscar a los culpables. Sabía que nosotras decíamos la verdad. Ahora que salió la verdad, quiero que el gobierno reconozca que se equivocó con dos mujeres indígenas.
“Pedimos justicia. Tengo esperanza porque en otros países fui escuchada. Ésa es la verdad, no lo que decía el gobierno, que nosotras no queríamos al Ejército en nuestras comunidades porque sembramos drogas. Mienten, los soldados suben a la montaña a violar a las mujeres; hay muchas que han sido violadas, pero no denuncian por miedo.”
Demandó: “que el gobierno reconozca que fueron militares los que me violaron, y que se investigue en instancias civiles y no en la justicia militar. Quiero que los soldados que me violaron vayan a la cárcel, y que no manden más gente a vigilarme a mí y a mis papás”, concluyó la indígena guerrerense.
Víctor Ballinas, La Jornada, 5 de octubre.
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