Sr. Director:
El día de hoy (ayer), su "staff" publicó una nota en la que se dice que confirmé una ganga. No es así. En mi presentación ante el Grupo Parlamentario del PAN aporté datos que demuestran que la Licitación 21 no sólo mejorará la competencia en telefonía móvil de nuestro país, beneficiando a empresas y consumidores sino que, además, se asignó en precios competitivos.
Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también, cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda de 1.9 Ghz, realizada en 2005. Precisamente porque satisface el interés patrimonial del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó esa contraprestación.
El diferencial de precio respecto de los otros compradores (22 por ciento en precios corrientes o 41 por ciento en pesos constantes) que su "staff" interpreta como ganga es, de hecho, menor que el observado en la licitación de la frecuencia de 1.9 realizada en México en 1997, en la que se dio el ingreso de Telefónica como nuevo entrante. También, es menor que el diferencial de precios que se observó en la licitación de la banda de 1.7Ghz, realizada en 2008 en Canadá, y que también permitió el ingreso de nuevos competidores. Estos diferenciales, como puede verse, son normales en los estándares nacionales e internacionales.
Su staff, por otra parte, omite señalar otra diferencia relevante en los montos involucrados en esta licitación: Nextel tendrá que invertir 18 mil 500 millones de pesos para desplegar una nueva red, contra sólo 2 mil millones de pesos de los operadores incumbentes, que sólo requieren ampliar su red existente.
En síntesis, aporté datos comprobables que demuestran que la licitación 21 fue legal y transparente, que produjo ingresos que satisfacen el interés patrimonial del Estado, y que genera mayor competencia, en beneficio de la industria y de los consumidores.
Atentamente
Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasitas
Secretario de Comunicaciones y Transportes
El día de hoy (ayer), su "staff" publicó una nota en la que se dice que confirmé una ganga. No es así. En mi presentación ante el Grupo Parlamentario del PAN aporté datos que demuestran que la Licitación 21 no sólo mejorará la competencia en telefonía móvil de nuestro país, beneficiando a empresas y consumidores sino que, además, se asignó en precios competitivos.
Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también, cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda de 1.9 Ghz, realizada en 2005. Precisamente porque satisface el interés patrimonial del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó esa contraprestación.
El diferencial de precio respecto de los otros compradores (22 por ciento en precios corrientes o 41 por ciento en pesos constantes) que su "staff" interpreta como ganga es, de hecho, menor que el observado en la licitación de la frecuencia de 1.9 realizada en México en 1997, en la que se dio el ingreso de Telefónica como nuevo entrante. También, es menor que el diferencial de precios que se observó en la licitación de la banda de 1.7Ghz, realizada en 2008 en Canadá, y que también permitió el ingreso de nuevos competidores. Estos diferenciales, como puede verse, son normales en los estándares nacionales e internacionales.
Su staff, por otra parte, omite señalar otra diferencia relevante en los montos involucrados en esta licitación: Nextel tendrá que invertir 18 mil 500 millones de pesos para desplegar una nueva red, contra sólo 2 mil millones de pesos de los operadores incumbentes, que sólo requieren ampliar su red existente.
En síntesis, aporté datos comprobables que demuestran que la licitación 21 fue legal y transparente, que produjo ingresos que satisfacen el interés patrimonial del Estado, y que genera mayor competencia, en beneficio de la industria y de los consumidores.
Atentamente
Mtro. Juan Francisco Molinar Horcasitas
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Reforma, 15 de octubre.
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