La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fijará un plazo de 10 días a Iusacell para que recoja su título de concesión de las frecuencias asignadas en la licitación de la banda 1.9 GHz.
Gerardo Sánchez Henkel, titular de la unidad de asuntos jurídicos de la dependencia, dijo que si la empresa no se presenta a concluir el trámite entonces se declarará la caducidad del procedimiento de la misma.
Aunque indicó que Iusacell ya cumplió con el pago ofrecido en la licitación por las frecuencias concursadas. El plazo empezará a correr una vez que la firma sea notificada, lo cual se prevé que suceda en los próximos días.
Respecto a Telefónica México, Sánchez Henkel dijo que sólo falta que la empresa pague los derechos del trámite para la entrega de sus títulos de concesión, y estimó que este procedimiento concluirá a más tardar el día de hoy.
La SCT informó que la Juez 16 de Distrito en Veracruz resolvió negar la suspensión promovida por Iusacell para que Nextel-Televisa no pudiera explotar las frecuencias asignadas en la licitación 21 del espectro.
Sánchez Henkel aseguró que con esta decisión se ofrece certeza jurídica al consorcio Nextel-Televisa, el cual se adjudicó un bloque de 30 MHz en la banda de 1.7 GHz, para servicios móviles avanzados.
Salvador Rocha, abogado de Iusacell, dijo que lo que realmente importa es la solicitud presentada en la Cámara de Diputados por el legislador Mario Di Constanzo para llevar al titular de la dependencia Juan Molinar Horcasitas a juicio político por desacato a diversas resoluciones judiciales que le impedían entregar los títulos de concesión de la licitación 21 del espectro.
El diputado del PT solicitó que Molinar sea destituido e inhabilitado para desempeñar cargos en el servicio público.
“Esto es lo trascendente”, dijo el abogado de Grupo Salinas.
Consultado sobre esta solicitud de juicio político, que también se solicitó en contra del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan y el comisionado Gonzalo Martínez Pous, el abogado de la SCT dijo que no tiene conocimiento formal sobre el asunto.
El funcionario consideró que el diputado Di Constanzo está empeñado en que el proceso de la licitación estuvo amañado.
“El diputado actúa como vocero de los operadores”, sostuvo Sánchez Henkel.
En su solicitud, Di Constanzo argumentó que Molinar no aseguró al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento, causando graves perjuicios a la Federación y a la sociedad en su conjunto, por lo que violó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacó que al momento de entregar los títulos de concesión relativos al concurso 29 de la licitación 21 existían una serie de distintas medidas cautelares.
Gerardo Sánchez Henkel, titular de la unidad de asuntos jurídicos de la dependencia, dijo que si la empresa no se presenta a concluir el trámite entonces se declarará la caducidad del procedimiento de la misma.
Aunque indicó que Iusacell ya cumplió con el pago ofrecido en la licitación por las frecuencias concursadas. El plazo empezará a correr una vez que la firma sea notificada, lo cual se prevé que suceda en los próximos días.
Respecto a Telefónica México, Sánchez Henkel dijo que sólo falta que la empresa pague los derechos del trámite para la entrega de sus títulos de concesión, y estimó que este procedimiento concluirá a más tardar el día de hoy.
La SCT informó que la Juez 16 de Distrito en Veracruz resolvió negar la suspensión promovida por Iusacell para que Nextel-Televisa no pudiera explotar las frecuencias asignadas en la licitación 21 del espectro.
Sánchez Henkel aseguró que con esta decisión se ofrece certeza jurídica al consorcio Nextel-Televisa, el cual se adjudicó un bloque de 30 MHz en la banda de 1.7 GHz, para servicios móviles avanzados.
Salvador Rocha, abogado de Iusacell, dijo que lo que realmente importa es la solicitud presentada en la Cámara de Diputados por el legislador Mario Di Constanzo para llevar al titular de la dependencia Juan Molinar Horcasitas a juicio político por desacato a diversas resoluciones judiciales que le impedían entregar los títulos de concesión de la licitación 21 del espectro.
El diputado del PT solicitó que Molinar sea destituido e inhabilitado para desempeñar cargos en el servicio público.
“Esto es lo trascendente”, dijo el abogado de Grupo Salinas.
Consultado sobre esta solicitud de juicio político, que también se solicitó en contra del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan y el comisionado Gonzalo Martínez Pous, el abogado de la SCT dijo que no tiene conocimiento formal sobre el asunto.
El funcionario consideró que el diputado Di Constanzo está empeñado en que el proceso de la licitación estuvo amañado.
“El diputado actúa como vocero de los operadores”, sostuvo Sánchez Henkel.
En su solicitud, Di Constanzo argumentó que Molinar no aseguró al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento, causando graves perjuicios a la Federación y a la sociedad en su conjunto, por lo que violó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacó que al momento de entregar los títulos de concesión relativos al concurso 29 de la licitación 21 existían una serie de distintas medidas cautelares.
Angelina Mejía Guerrero, El Universal, 8 de octubre.
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