Se acatará fallo sobre las indígenas violadas

Las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas en 2002 por elementos del Ejército mexicano en sus comunidades de Guerrero, demandaron que el gobierno de México cumpla a la brevedad con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las autoridades mexicanas indicaron que acatarán el fallo en cumplimiento de sus compromisos internacionales.

En la sentencia se establece que el Estado mexicano debe reparar íntegramente los daños, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en tribunales de la justicia civil y adecuar la legislación y prácticas internas en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido no vuelva a ocurrir.

El pasado viernes la Corte Interamericana condenó a México por la violación de tres tratados internacionales en perjuicio de Valentina e Inés, aseguró Alejandra Nuño, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Mesoamérica, uno de los organismos que encabezó la defensa de las índígenas ante la instancia internacional.

La activista señaló que la sentencia constituye un referente ineludible sobre los criterios aplicables en casos donde se documenten violaciones sexuales cometidas por agentes estatales.

Entre las medidas recomendadas por la CIDH para que un caso así no vuelva a repetirse en México se destaca la reforma al sistema de justicia militar para acotar el fuero, el fortalecimiento de las instancias de atención a la violencia de género en Guerrero y el reforzamiento de los servicios médicos para mujeres víctimas.

Compromiso con las mujeres

La Secretaría de Gobernación informó que el gobierno mexicano expresó ante la Corte su firme compromiso de seguir trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas e indígenas, así como de mejorar los sistemas de salud y de procuración y de administración de justicia.

En un comunicado, la dependencia señaló que el Estado mexicano reconoce “su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada al momento de la presentación de la denuncia penal”.

Además, hizo pública su intención de llevar a cabo “todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”, cuya sede está en San José (Costa Rica).

En la decisión hecha pública hace cuatro días, la Corte establece, entre otros puntos, la “investigación eficaz” (con participación de las víctimas) de los hechos y la reparación económica de los daños ocasionados en la vivienda de ambas durante las agresiones.

Además, se exige la imposición de una sanción disciplinaria a las autoridades judiciales y médicas “que actuaron con negligencia”.

Valentina Rosendo Cantú fue violada por militares hace ocho años en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Ayer demandó justicia y exigió disculpas de las autoridades, que la llamaron mentirosa tras haber denunciado la agresión.

Entre sollozos, comentó que no puede vivir en su comunidad, Barranca Bejuco, ya que es una mujer “marcada”, es decir, “una mujer violada, (que) ya no vale”.

“Han sido años muy dolorosos, porque mi hija ha crecido fuera de la comunidad y mi esposo me abandonó”, sostuvo.

“Para defenderme tuve que aprender español, pero ahora que salió la verdad, el gobierno tiene que reconocer que se equivocó, porque en lugar de agarrar a los culpables, amenazó a mis papás.

“Siempre me persiguen y llegaron a decirme que había denunciado porque no querían en mi comunidad al Ejército, que porque sembrábamos enervantes, pero eso no es cierto, sembramos calabazas y maíz.”

En Guerrero, dijo, “hay muchas mujeres que han sido violadas por el Ejército y no denuncian por miedo (…) De lo que a mí me hicieron no se borra nada, se queda para toda la vida”, señaló Valentina Rosendo Cantú.

Eugenia Jiménez, Milenio, 5 de octubre.