La reforma traerá cambios en la gestión del sistema, no de la enseñanza: expertos

La promulgación de la reforma educativa abre varias posibilidades, como dar paso a un cambio de “ideas o un agregado de ocurrencias”, advirtió el experto de El Colegio de México Manuel Gil Antón, mientras el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Díaz Barriga, expresó que si en el contenido de la futura Ley Reglamentaria prevalece la creencia de que evaluación es igual a examen se dará “al traste” con la transformación.
Díaz Barriga destacó que si en la nueva conformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el presidente Enrique Peña Nieto considera que deben prevalecer los cuadros políticos sobre los académicos se distorsionará el sentido la modificación a los artículos 3 y 73 de la Constitución.
El investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (Iisue) de la UNAM expresó que lo importante en esta segunda etapa del proceso es conformar grupos de especialistas que analicen el contenido de las nuevas reglamentaciones. Por ejemplo, si en la creación del Servicio Profesional Docente se sigue en la idea de las pasadas administraciones de “obligar” a los maestros a tomar determinados cursos de los que se desconoce calidad y criterios “se matarán las posibilidades de la reforma”.
Hasta ahora, dijo, la Secretaría de Educación Pública ha ejercido “la manipulación” y ha permitido que entren a ofrecer estos cursos centros como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México, pero “no sabemos con qué calidad”. Si la dependencia educativa pretende tratar como un profesional al docente, éste es quien debe elegir el tipo de formación que más le apoyará de acuerdo con sus necesidades.
Gil Antón precisó que los cambios en la Constitución no representan una reforma de la enseñanza, sino cambios en la gestión del sistema. Sin embargo, la modificación abre una puerta con tres posibilidades: una, en beneficio de los propósitos de la ley; otra consiste en abrir un camino para llegar al propósito final, que es mejorar la educación, y la otra opción implica el riesgo de no entrar al fondo de la complejidad del problema.
Aparte, en un análisis jurídico de la reforma educativa, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) criticó la técnica jurídica con la que se llevaron a cabo las modificaciones constitucionales.
Señala en un documento que en la “construcción del decreto de reforma se advierte la falta de estudio de política legislativa y un trabajo de agregados excesivos en el texto constitucional”, y añade que muchas de las disposiciones “constituyen en gran parte sólo enunciados de carácter declarativo que pretenden reflejar una buena intención”.
Indica que el decreto incluye, de “manera forzada, modificaciones de fondo con agregados que reglamentan en el texto constitucional aspectos que deberían ser materia de legislación secundaria o de otros instrumentos”.
La Anuies considera que “la redacción de las modificaciones realizadas al artículo tercero contradice los criterios que señala la técnica legislativa, en tanto que se trata de disposiciones extensas, que involucran ideas distintas que podrían constituir disposiciones por separado y que rompen con la estructura y forma del texto constitucional”.

Karina Avilés y Carolina Gómez, La Jornada, 27 de febrero.