Migración acepta apoyar a CNDH en indagatoria


El Instituto Nacional de Migración (INM) manifestó su disposición a entregar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) toda la información que requiera acerca de una denuncia de presuntos actos de corrupción en el organismo.
Señaló que la transparencia en los procesos y la apertura para dilucidar lo que ocurre en el organismo es precisamente parte de un proceso de saneamiento del mismo, por lo que se mostró abierto a la in­dagatoria y a que se pondere la eventual sanción a quien corresponda, de comprobarse la existencia de irregularidades.
Este sábado, la CNDH informó que investiga la renuncia de la delegada del INM en el estado de México, Nayeli de Jesús Sánchez, quien dejó su cargo y acusó de corrupción al instituto.
Fuentes de este organismo, que encabeza Ardelio Vargas, indicaron que le fue solicitada la renuncia a la ahora ex delegada, precisamente como parte de un proceso de transformación en el instituto.
Precisaron que hasta el momento no se ha presentado denuncia alguna en el ámbito interno o laboral, por el despido de Sánchez, y tampoco en el órgano interno de control, acerca de corrupción.
La ex delegada del INM declaró a los medios de comunicación que recibió la instrucción de “darle salida” del país a un salvadoreño, “integrante confeso de la Mara Salvatrucha, mediante la figura de regreso voluntario asistido”.
El INM negó la versión, y aseveró que en caso de que se ubicara un presunto delincuente de nacionalidad extranjera que haya cometido ilícitos en México, no habría permanecido internado en el instituto, sino entregado a la autoridad ministerial correspondiente.
En tanto, la CNDH inició una investigación de oficio por los hechos denunciados.
Al término del sexenio anterior, el INM –dependiente de la Secretaría de Gobernación– reportó la operación de 35 estaciones migratorias con capacidad para albergar, en conjunto, hasta 3 mil 647 personas. También destacó que existe un Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en las estaciones migratorias.

Fabiola Martínez, La Jornada, 17 de febrero.

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