Presentan, con ajustes, la Ley de Víctimas

Con el acuerdo de organizaciones sociales, especialistas y la UNAM, senadores del PRI, PAN y PRD presentarán mañana como propia la iniciativa de reforma a la nueva Ley de Víctimas, elaborada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El documento incluye las 11 observaciones que hizo en su momento el entonces Presidente Felipe Calderón y también se subsanan las críticas que han realizado algunas organizaciones sociales que cuestionaron el contenido del documento promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de varios meses de revisión y discusión, el proyecto replantea los límites de la obligación subsidiaria del Estado para reparar el daño de quienes se consideren víctimas, se clarifica la integración y facultades del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Ejecutiva.

Además, la reforma aclara la distribución de competencias de las instituciones involucradas y el origen del fondo con el que se cubrirán los pagos a las víctimas del delito.

La iniciativa será llevada el martes a la tribuna del Senado con las firmas de los grupos parlamentarios del PRI y PRD así como de 12 legisladores de Acción Nacional, debido a que el proyecto ha generado una división interna en la bancada panista.

"Esta iniciativa nos da para desahogar nuestras inquietudes y observaciones. Retoma 11 observaciones que el propio Ejecutivo federal, bajo la Presidencia de Calderón, realizó. Debemos acompañar esta iniciativa", adelantó el senador del PAN, Javier Corral.

Algunos legisladores involucrados en la negociación de la nueva propuesta adelantaron que el proyecto también tomó en cuenta las observaciones realizadas por especialistas de la UNAM como Miguel Sarré y Carlos Ríos, sobre el debido proceso.

Algunos de los ajustes más importantes a la Ley de Víctimas establecen que, cuando se registren violaciones a los derechos humanos, la ley no fijará ningún tope y el Estado quedará obligado a pagar el 100 por ciento de la reparación del daño en cada caso.

También se propone establecer la diferencia entre las víctimas de un delito cualquiera y las víctimas de un delito grave, con violencia.

En el segundo caso, cuando se trate de delitos graves que afecten la vida, integridad corporal y la libertad, el afectado tendrá derecho a la reparación del daño hasta por un monto de 500 veces el salario mínimo mensual, lo equivale a casi 980 mil pesos.

El pasado jueves, el coordinador del PAN en el Senado, Ernesto Cordero, anunció que su bancada prepara una iniciativa por separado sobre el tema.

Claudia Guerrero, Reforma, 18 de febrero.