SNTE esperará cambios a Ley General de Educación para continuar su lucha

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y su presidenta Elba Esther Gordillo Morales, modificaron su estrategia en contra de la reforma educativa, por lo que en vez de interponer amparos contra los cambios constitucionales, esperarán las modificaciones a la Ley General de Educación para combatir aquellas que consideren representan un retroceso.

La dirigencia que encabeza Gordillo Morales advirtió que el magisterio no busca obtener privilegios ni ser obstáculo para elevar la calidad de la educación, por el contrario, identifica que la iniciativa de reforma tiene "limitaciones y riesgos", como desaparecer programas de becas y desayunos escolares o que a los padres de familia se les obligue a pagar cuotas.

Respecto a la evaluación articulada a la permanencia en el servicio, asegura que "presenta el riesgo, de que, a través de un examen estandarizado, se rescinda la relación laboral del docente, sin responsabilidad para quien lo contrate"; mientras que el Servicio Profesional Docente permitirá "cancelar estímulos ganados, realizar despidos", y hacer que el Estado evada prestaciones de seguridad social o que se limiten las pensiones.

"El SNTE no busca obtener privilegio alguno, ser obstáculo, arrogarse facultades que no correspondan o evadir sus responsabilidades, sino garantizar integralmente la transformación de la educación y del sistema educativo", señala en un folleto de 16 cuartillas que la organización distribuye entre los más de un millón y medio de afiliados para explicar en qué consiste la Jornada por la Escuela Pública y sus Maestros, iniciada desde hace un mes.

El comité ejecutivo del SNTE, contesta en el documento: ¿Por qué luchamos hoy? El SNTE: los maestros que sí queremos cambiar a México, las acciones que en lo social, político y jurídico hará en contra de la reforma.

Señala además que al artículo tercero constitucional, dedicado al fundamento filosófico de la educación, se le incorporaron disposiciones del derecho al trabajo, trasgrediendo los principios de estabilidad en el empleo, certeza jurídica y "progresividad".

La organización considera que las adiciones aprobadas provocarán que los maestros sean juzgados en otras instancias, y ello es contrario a las garantías de la Constitución, que impide que una persona pueda ser juzgada "por leyes privativas ni por tribunales especiales".

La Crónica, 10 de febrero.