Falla acceso a justicia, cuestionan indígenas

de comunidadesVarios de ellos ni siquiera cursaron la educación básica, mucho menos hablan español, sólo dedican su vida al campo, pero su idea de justicia es muy clara: que cada quien pague por el daño que hace.

Así funciona la Asamblea General de Ciudadanos de San Cristóbal Amoltepec, comunidad indígenas enclavada en Tlaxiaco, Oaxaca, la cual contabiliza mil 500 habitantes quienes han desarrollado su propio sistema de justicia alejado de normatividades ordinarias.

Martín Carlos Ortiz, integrante de la Asamblea, explicó durante el foro Sistemas de Justicia Indígena en México, que se realizó en días pasados, que las penas máximas que aplican son el encarcelamiento por dos noches, pago económico que no supera los 5 mil pesos, trabajo en beneficio del poblado, el despojo de sus propiedades y el caso más drástico, la expulsión de la comunidad.

Sin embargo, no hay delitos graves como robos, secuestros u homicidios; los siete policías que existen más que vigilar territorio y arrestar a delincuentes dedican su jornada a entregar citatorios, notificar reuniones u otras cuestiones administrativas.

En San Cristóbal Amoltepec, indicó Ortiz, las autoridades, que incluyen también a los representantes del Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, están para servir a la gente.

"Lo que nosotros decimos es que la democracia es que todos participen, no da para que 500 hablen, pero por lo menos 30, se abren espacios de participación, se avanza un punto, luego otro, porque la asamblea es la máxima autoridad, ellos tienen que hablar para imponer cualquier situación, nosotros nomás exponemos los problemas, ellos deciden, se ponen de acuerdo a favor de la propuesta más concreta", explicó.

Las faltas que más se castigan son el alcoholismo, el abuso en los límites territoriales y sobre todo agravios contra la naturaleza pues es considera que esta es la esencia del desarrollo de la comunidad, por tanto, debe ser respetada.

Por su experiencia los indígenas de la región mixteca no creen en la justicia coloquial de ministerios públicos y jueces.

"En la comunidad la justicia la entendemos como que haya igualdad pa´todos, se entiende que de acuerdo con las faltas que se cometen, se debe castigar al culpable.

"Las autoridades (oficiales) se van más por lo económico, por la corrupción y siempre el que ofrece más es el que gana y entonces no hay justicia, aunque la persona sea culpable. El hecho de no tener dinero ya es culpable. Aquí (en el DF) me han detenido sólo por ser indígena, eso significa que la justicia es de palabra y que en realidad no hay tal", reprochó Ortiz.

Para la antropóloga, María Teresa Sierra, aunque los sistemas de justicia indígena se han caracterizado por su alta eficacia, actualmente el Estado los acota y subordina bajo el estandarte de brindarles reconocimiento.

"Si bien se están construyendo nuevos modelos de justicia indígena, éstos responden más a los imaginarios de los funcionarios judiciales que a las prácticas de justicia indígena, lo que vemos en estas formas en que el Estado ha buscado responder al reconocimiento indígena es que se trata de una justicia acotada, subordinada.

"Las competencias que tienen las autoridades indígenas están reducidas generalmente a asuntos menores, es decir, no pueden tratar asuntos que son de dimensión grave penal (secuestros y homicidios), pero tampoco asuntos que tienen que ver con problemáticas de pueblos indígenas como cuestiones de tierras o recursos naturales", añadió la especialista.

Henia Prado, Reforma, 5 de noviembre.