Por su trascendencia social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ayer atraer los amparos presentados por tres de los principales líderes del movimiento de pobladores de San Salvador Atenco contra las sentencias de 67 años de cárcel dictadas en su contra por el delito de secuestro.
Por votación unánime, los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Corte determinaron ejercer la facultad de atracción sobre las demandas de garantías interpuestas por Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Un juez penal del Estado de México condenó a cada uno de ellos a 67 años con 6 meses de prisión al hallarlos culpables del delito de secuestro equiparado por haber retenido a funcionarios entre febrero y abril de 2006 en el marco de protestas contra el proyecto de construcción de un aeropuerto.
Los dirigentes de los inconformes de San Salvador Atenco fueron acusados de retener a Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del Edomex, el 8 de febrero de 2006, y a 4 servidores públicos de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año.
Los atenquenses se ampararon contra la condena y cuando su asunto se procesaba en el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca pidieron a la Corte atraer el caso.
La Primera Sala estimó que el problema planteado por la sentencia cumple con los requisitos de interés y trascendencia para ser atraído.
En principio, indicó en su resolución, porque "se trata de asuntos de gran significancia social" que permitirán sentar criterio acerca de la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener servidores públicos, a modo de rehenes, como medio de presión para obligar a la autoridad a cumplir con sus exigencias.
"Estas prácticas han suscitado dudas acerca del alcance y límites de la libertad de expresión y de las formas que son válidas para que unas personas, organizadas o no, puedan utilizar, ya sea para manifestar su protesta o para presionar a la autoridad a que realice determinados actos, para que cumpla con determinadas peticiones", apuntó.
Para la Corte, el caso específico también exige discernir si el tipo penal aplicado a los atenquenses sentenciados es el adecuado para sancionar ese tipo de acciones.
Hace un año, la Corte concluyó que autoridades de todos los niveles de gobierno incurrieron en graves violaciones a las garantías individuales durante los enfrentamientos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Aunque justificaron la intervención de la fuerza pública, dada la actitud violenta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, advirtieron impericia, falta de profesionalismo y ánimo de venganza en los operativos para contener a esa agrupación.
Severo castigo
Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra impugnan las condenas que les fueron impuestas.
· Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en mayo de 2006 durante los enfrentamientos en San Salvador Atenco.
· Fueron acusados de secuestro equiparado.
· Fueron sentenciados a 67 años con seis meses de prisión cada uno.
· Del Valle cuenta con una condena adicional de 45 años por ataques a las vías de comunicación.
· Se encuentran recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano.
Por votación unánime, los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Corte determinaron ejercer la facultad de atracción sobre las demandas de garantías interpuestas por Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Un juez penal del Estado de México condenó a cada uno de ellos a 67 años con 6 meses de prisión al hallarlos culpables del delito de secuestro equiparado por haber retenido a funcionarios entre febrero y abril de 2006 en el marco de protestas contra el proyecto de construcción de un aeropuerto.
Los dirigentes de los inconformes de San Salvador Atenco fueron acusados de retener a Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del Edomex, el 8 de febrero de 2006, y a 4 servidores públicos de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año.
Los atenquenses se ampararon contra la condena y cuando su asunto se procesaba en el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de Toluca pidieron a la Corte atraer el caso.
La Primera Sala estimó que el problema planteado por la sentencia cumple con los requisitos de interés y trascendencia para ser atraído.
En principio, indicó en su resolución, porque "se trata de asuntos de gran significancia social" que permitirán sentar criterio acerca de la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener servidores públicos, a modo de rehenes, como medio de presión para obligar a la autoridad a cumplir con sus exigencias.
"Estas prácticas han suscitado dudas acerca del alcance y límites de la libertad de expresión y de las formas que son válidas para que unas personas, organizadas o no, puedan utilizar, ya sea para manifestar su protesta o para presionar a la autoridad a que realice determinados actos, para que cumpla con determinadas peticiones", apuntó.
Para la Corte, el caso específico también exige discernir si el tipo penal aplicado a los atenquenses sentenciados es el adecuado para sancionar ese tipo de acciones.
Hace un año, la Corte concluyó que autoridades de todos los niveles de gobierno incurrieron en graves violaciones a las garantías individuales durante los enfrentamientos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
Aunque justificaron la intervención de la fuerza pública, dada la actitud violenta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, advirtieron impericia, falta de profesionalismo y ánimo de venganza en los operativos para contener a esa agrupación.
Severo castigo
Dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra impugnan las condenas que les fueron impuestas.
· Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en mayo de 2006 durante los enfrentamientos en San Salvador Atenco.
· Fueron acusados de secuestro equiparado.
· Fueron sentenciados a 67 años con seis meses de prisión cada uno.
· Del Valle cuenta con una condena adicional de 45 años por ataques a las vías de comunicación.
· Se encuentran recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano.
Abel Barajas, Reforma, 11 de febrero.
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