Las autoridades mexicanas tienen que tomar de forma inmediata todas las medidas necesarias para cumplir con las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por los casos de indígenas torturadas sexualmente por soldados en Guerrero, demandó Amnistía Internacional (AI).
Subrayó que desde 2002 –cuando ocurrieron los hechos– el gobierno mexicano ha negado la violencia sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de los militares; sin embargo, esto se viene abajo con las sentencias de la CIDH. “Ya es hora de garantizar la verdad, la justicia y la reparación” para ambas mujeres, sostuvo AI.
El viernes pasado, la corte notificó de los fallos en los dos casos, en los que responsabilizó al Estado mexicano de la tortura sexual contra las indígenas y de la falta de justicia para éstas. El tribunal demandó a México, entre otras cosas, sanción para los responsables, una investigación de los casos en la justicia civil, reparación de los daños, garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, una disculpa pública y modificar el Código de Justicia Militar para que los abusos cometidos por soldados sean atraídos por el fuero civil.
“En menos de un año, la CIDH ha emitido cuatro sentencias contra México en casos de graves violaciones de derechos humanos e impunidad, tres de ellas por crímenes cometidos por el Ejército. Las medidas tomadas por las autoridades para implementar estas sentencias, de cumplimiento obligatorio, han sido muy limitadas hasta ahora”, aseveró AI.
Agregó que las sentencias por los casos de las dos indígenas “son claras en reconocer una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas y sus familiares, que han resultado, entre otras cosas, en impunidad para los responsables y el hostigamiento de las víctimas y las organizaciones que las han apoyado en su lucha por la justicia”.
AI remarcó que el Estado mexicano ya no podrá negar estos abusos, ya que los fallos de la CIDH en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron la violación sexual cometida por soldados.
Subrayó que desde 2002 –cuando ocurrieron los hechos– el gobierno mexicano ha negado la violencia sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de los militares; sin embargo, esto se viene abajo con las sentencias de la CIDH. “Ya es hora de garantizar la verdad, la justicia y la reparación” para ambas mujeres, sostuvo AI.
El viernes pasado, la corte notificó de los fallos en los dos casos, en los que responsabilizó al Estado mexicano de la tortura sexual contra las indígenas y de la falta de justicia para éstas. El tribunal demandó a México, entre otras cosas, sanción para los responsables, una investigación de los casos en la justicia civil, reparación de los daños, garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, una disculpa pública y modificar el Código de Justicia Militar para que los abusos cometidos por soldados sean atraídos por el fuero civil.
“En menos de un año, la CIDH ha emitido cuatro sentencias contra México en casos de graves violaciones de derechos humanos e impunidad, tres de ellas por crímenes cometidos por el Ejército. Las medidas tomadas por las autoridades para implementar estas sentencias, de cumplimiento obligatorio, han sido muy limitadas hasta ahora”, aseveró AI.
Agregó que las sentencias por los casos de las dos indígenas “son claras en reconocer una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas y sus familiares, que han resultado, entre otras cosas, en impunidad para los responsables y el hostigamiento de las víctimas y las organizaciones que las han apoyado en su lucha por la justicia”.
AI remarcó que el Estado mexicano ya no podrá negar estos abusos, ya que los fallos de la CIDH en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron la violación sexual cometida por soldados.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 6 de octubre.
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