La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó ayer, por notoria improcedencia, la controversia constitucional promovida por el Senado para impugnar el nombramiento de Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte revocó el acuerdo dictado el pasado 25 de agosto por el ministro Fernando Franco, quien había admitido a trámite la demanda de los senadores, quienes consideran que el presidente Felipe Calderón no debió nombrar comisionado a De Swaan, porque no reúne los requisitos legales de experiencia en materia de telecomunicaciones.
De Swaan fue nombrado comisionado el 30 de junio, y sus colegas lo designaron presidente una semana después.
"No es constitucionalmente factible que, en este momento, el Senado haga escrutinio alguno de la trayectoria de alguna persona designada para acceder al mencionado cargo público (de comisionado)", afirmó la Sala.
Los ministros de la Suprema Corte consideraron que el Congreso no tiene legitimación para cuestionar este tipo de nombramientos, que son facultad exclusiva del Ejecutivo, ya que para promover una controversia constitucional el órgano de gobierno agraviado tiene que probar al menos un principio de invasión a su esfera de atribuciones.
"No cualquier acto es susceptible de ser cuestionado en vía de controversia constitucional, sino solamente aquellos que se estimen lesivos de alguna atribución asignada por la Constitución o por la ley a la parte actora", explicó la Sala.
Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte revocó el acuerdo dictado el pasado 25 de agosto por el ministro Fernando Franco, quien había admitido a trámite la demanda de los senadores, quienes consideran que el presidente Felipe Calderón no debió nombrar comisionado a De Swaan, porque no reúne los requisitos legales de experiencia en materia de telecomunicaciones.
De Swaan fue nombrado comisionado el 30 de junio, y sus colegas lo designaron presidente una semana después.
"No es constitucionalmente factible que, en este momento, el Senado haga escrutinio alguno de la trayectoria de alguna persona designada para acceder al mencionado cargo público (de comisionado)", afirmó la Sala.
Los ministros de la Suprema Corte consideraron que el Congreso no tiene legitimación para cuestionar este tipo de nombramientos, que son facultad exclusiva del Ejecutivo, ya que para promover una controversia constitucional el órgano de gobierno agraviado tiene que probar al menos un principio de invasión a su esfera de atribuciones.
"No cualquier acto es susceptible de ser cuestionado en vía de controversia constitucional, sino solamente aquellos que se estimen lesivos de alguna atribución asignada por la Constitución o por la ley a la parte actora", explicó la Sala.
Víctor Fuentes, Reforma, 7 de octubre.
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