La Cámara de Diputados interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del presidente Felipe Calderón, del 2 de septiembre pasado, referente al “apagón analógico” de la televisión, por estar fuera de la competencia del Ejecutivo federal.
El pleno estuvo de acuerdo en que la controversia constitucional ataque la invasión de facultades que le competen al Legislativo y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Telecom). Oradores dijeron que como legisladores se oponen a las acciones al margen de la ley, pero dan su aval al mejor uso de la tecnología digital.
Reemplazar la televisión actual por una tecnología digital, conforme a los planes del Ejecutivo es una meta que se adelantará, con cargo al gasto público, mediante un subsidio a la compra de convertidores de señal analógica.
La propuesta fue formulada al pleno por el diputado Alfonso Navarrete (PRI), con el apoyo del PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia. Sólo se opuso el PAN, con el argumento de que entre la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel se da coordinación de facultades.
El legislador priísta aseguró que el espíritu de la controversia deja a salvo el interés general por entrar al cambio tecnológico; lo que se reclama es la invasión de competencias, subrayó, asignadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En contra, el diputado Roberto Gil (quien se reincorporó a su curul tras dejar la subsecretaría de Gobernación), dijo que la SCT y la Cofetel comparten atribuciones, al amparo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dijo que el fin del “apagón analógico” es una mejora tecnológica y en ello la Secretaría y la Comisión comparten responsabilidades.
El diputado Jaime Cárdenas (PT) dijo que es claro que el Ejecutivo federal invade las competencias de la Cofetel, como del Congreso, al que le corresponde legislar en la materia.
SCT defenderá postura
Durante una visita a Guadalajara, Jalisco, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, defendió la postura del gobierno federal y aseguró que hay argumentos suficientes para defenderse de la controversia constitucional que interpondrá el Congreso.
“Es también un tema de telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes una gran cantidad de competencias y atribuciones que debe desplegar para ese objetivo de adelantar el ‘apagón analógico’ y capturar el bono digital, para obtener todos los beneficios que esto representa”, explicó.
Molinar Horcasitas advirtió que en el decreto intervienen otras dependencias del gobierno federal.
“No solamente participa la SCT como reguladora con la Cofetel, también participa la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación”, agregó.
Y concluyó: “Nosotros presentaremos nuestros argumentos, nuestras razones y nos atendremos a su decisión como siempre. Aunque esperamos que nuestras razones, además de ser escuchadas, tengan validez”. (Con información de Ulises Zamarroni)
El pleno estuvo de acuerdo en que la controversia constitucional ataque la invasión de facultades que le competen al Legislativo y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Telecom). Oradores dijeron que como legisladores se oponen a las acciones al margen de la ley, pero dan su aval al mejor uso de la tecnología digital.
Reemplazar la televisión actual por una tecnología digital, conforme a los planes del Ejecutivo es una meta que se adelantará, con cargo al gasto público, mediante un subsidio a la compra de convertidores de señal analógica.
La propuesta fue formulada al pleno por el diputado Alfonso Navarrete (PRI), con el apoyo del PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia. Sólo se opuso el PAN, con el argumento de que entre la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel se da coordinación de facultades.
El legislador priísta aseguró que el espíritu de la controversia deja a salvo el interés general por entrar al cambio tecnológico; lo que se reclama es la invasión de competencias, subrayó, asignadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En contra, el diputado Roberto Gil (quien se reincorporó a su curul tras dejar la subsecretaría de Gobernación), dijo que la SCT y la Cofetel comparten atribuciones, al amparo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dijo que el fin del “apagón analógico” es una mejora tecnológica y en ello la Secretaría y la Comisión comparten responsabilidades.
El diputado Jaime Cárdenas (PT) dijo que es claro que el Ejecutivo federal invade las competencias de la Cofetel, como del Congreso, al que le corresponde legislar en la materia.
SCT defenderá postura
Durante una visita a Guadalajara, Jalisco, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, defendió la postura del gobierno federal y aseguró que hay argumentos suficientes para defenderse de la controversia constitucional que interpondrá el Congreso.
“Es también un tema de telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene vigentes una gran cantidad de competencias y atribuciones que debe desplegar para ese objetivo de adelantar el ‘apagón analógico’ y capturar el bono digital, para obtener todos los beneficios que esto representa”, explicó.
Molinar Horcasitas advirtió que en el decreto intervienen otras dependencias del gobierno federal.
“No solamente participa la SCT como reguladora con la Cofetel, también participa la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación”, agregó.
Y concluyó: “Nosotros presentaremos nuestros argumentos, nuestras razones y nos atendremos a su decisión como siempre. Aunque esperamos que nuestras razones, además de ser escuchadas, tengan validez”. (Con información de Ulises Zamarroni)
Juan Arvizu y Andrea Merlos, El Universal, 8 de octubre.
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